A. VALDÉS
Los representantes de la Asociación de Propietarios de Primera Línea Sol Naciente de Alicante mantendrán hoy una reunión en el Ministerio de Medio Ambiente con el subdirector general de Dominio Público Marítimo-Terrestre y otros dirigentes de la Dirección General de Costas para tratar de forzar un protocolo que garantice la desafectación total de sus viviendas. La presidenta del colectivo, Teresa Alonso, explicó que la intención de los propietarios es conseguir del Ministerio un compromiso escrito que les asegure la voluntad de desafectar las mil viviendas de la zona de la Albufera conocida como Rocafel, y, por tanto, la exclusión de estos seis edificios de la separación (deslinde) que marca la Ley de Costas de 1988 entre zonas protegidas y áreas urbanizables.
La representante de los propietarios explicó que el responsable del Servicio Provincial de Costas de Alicante, Vicente Martínez, le confirmó en la última reunión "que el expediente de afectación, por el que nuestras casas estarían dentro del dominio público, se ha puesto de nuevo en marcha". Alonso justificó pues la urgencia de este encuentro con el subsecretario del área en el Ministerio. "Queremos que se comprometa a firmar un protocolo de desafectación de nuestras casas, un protocolo que ya tiene el visto bueno del Ayuntamiento de Alicante y del Consell. Sólo falta el suyo, pero mientras, el Servicio de Costas de Alicante actúa sin control e insiste en ilegalizar las casas", aseguró la presidenta de la APPL Sol Naciente.
Alonso explicó también que en negociaciones previas con el jefe provincial de Costas "nos informó de que se envió un informe a Madrid para desafectar la zona, pero a día de hoy no sabe nada de él. Martínez sostiene que es necesario "afectar primero y desafectar después", pero vemos que lo único que avanza es el expediente" que declara alegales sus viviendas.
Ante el riesgo de que se entre en un juego de "hechos consumados" con la afectación de Rocafel, los propietarios exigirán esta mañana que se paralice cualquier actuación administrativa "hasta que no esté suscrito el protocolo" por las tres Administraciones: local, autonómica y estatal. Una medida que cancelaría hasta nueva orden la iniciativa de Costas en Alicante, que amenaza con iniciar el proceso de afectación en diciembre.