La provincia asume con sólo nueve psicólogos todas las pruebas judiciales

D. PAMIES Tan solo nueve psicólogos forenses están asumiendo los encargos de informes periciales ordenados por los jueces de los trece partidos judiciales de la provincia en estos momentos.

Psicólogos forenses del Servicio de Intervención en Psicología Forense de Alicante (SIPF) han querido dar a conocer a través de este diario la que valoran como "insostenible situación profesional" y se plantean movilizarse. Alicante dispone de ahora de un promedio de 0,69 peritos psicólogos por partido judicial. El Colegio de Psicólogos tenía adscritos al SIPF a 20 profesionales en mayo de 2008. Turno del que han ido descolgándose once.

El pasado año 2007 debieron asumir 200 de estos informes. Un incremento de un 26% en el último ejercicio cerrado, entre 2006 y 2007, y con una evolución prevista mucho mayor para este año.

Se trata de una situación que han trasladado a sus representantes del Colegio Oficial de Psicólogos en Alicante durante una reciente reunión el 15 de noviembre y que difunden públicamente por los riesgos reales de errores que pueden producir "por aplazamientos en causas judiciales abiertas o por fallos graves en las resoluciones, lo que vendría a acentuar el considerable deterioro de la administración de justicia".

Las peritaciones que realizan están reguladas por una orden dictada por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas del 23 de julio de 2001 que no ha sido actualizada ni en concepto de retribución, 90,1 euros por informe mientras debería estar revisada en un 20% más, ni en la mejora de unas condiciones laborales a las que califican de "pésimas", advirtiendo de las repercusiones negativas de esta realidad sobre la Administración de justicia. 

Algunas de estas peticiones judiciales tienen una demora de seis meses lo que convierte su elaboración en un elemento más de retraso de las causas judiciales. Entre otros asuntos, los jueces solicitan que estos profesionales estimen el peligro que puede representar un maltratador en la fase de ejecución de sentencia o la valoración sobre si el relato de una víctima de violencia doméstica es veraz. Recuerdan que en el resto de comunidades autónomas se reconoce el valor real de la peritación de acuerdo con los baremos establecidos para el cobro de los servicios profesionales en el mercado.

Mientras estos expertos deben hacer frente a las obligaciones derivadas de su condición de autónomos, corren de su cuenta todos los gastos propios del ejercicio de sus funciones imprescindibles para realizar las peritaciones, incluidos los test o los desplazamientos.

Mantienen que la sobrecarga de trabajo, "la extraordinaria demora en la tramitación de las liquidaciones para el cobro de informes emitidos y la congelación de las retribuciones nos abocan a muchos de nosotros a darnos de baja en el servicio anta la grave responsabilidad que se puede derivar del ejercicio de nuestras funciones".