Elevan al Tribunal Superior de Justicia el caso Mercalicante

La causa es el aforamiento del querellado Alperi. La decisión de la magistrada ha sido comunicada hoy a las partes, entre ellas a las denunciantes del PSPV-PSOE y al líder vecinal José Luis Valdés.

EFE La titular del juzgado número 1 de Alicante ha acordado elevar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el denominado "caso Mercalicante", a causa del aforamiento como diputado autonómico de uno de los querellados, el ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi (PP).

Díaz Alperi fue querellado en su condición de presidente del comité ejecutivo de Mercalicante, y también están imputados los cuatro miembros restantes de ese órgano: los concejales del PP entre 2002 y 2002 José María Rodríguez Galant y Juan Zaragoza, así como los representantes de la sociedad Mercasa, Segundo Bermejo y Gonzalo Simón.

En la primavera de 2005 los cinco prestaron declaración ante el juzgado, en la instrucción de las diligencias.

La querella había sido interpuesta el 17 de febrero de 2003 tras las presuntas irregularidades contables detectadas en la empresa mixta Mercalicante (capital de Mercasa y el Ayuntamiento de Alicante) entre 2000 y 2002, que ocasionaron un desfalco que podría ascender a 12 millones de euros, si bien la juez la archivó por defectos de forma un año después.

Contra esta desestimación apelaron con éxito ante la Audiencia de Alicante tanto el PSPV-PSOE como José Luis Valdés, mientras que la Fiscalía alicantina, Mercalicante, el Ayuntamiento y la sociedad Mercasa respaldaron el archivo de la citada querella.

Este proceso es paralelo al abierto contra el ex gerente de la sociedad mixta, Emilio Clavero, después de que un informe elaborado por un auditoría en julio de 2002 sobre la situación económica de esta sociedad mixta le atribuyera, presuntamente, la principal autoría de las irregularidades contables.

Se trata de la segunda causa que un juzgado de Alicante ha elevado al TSJCV desde que, en las elecciones autonómicas de mayo de 2007, Díaz Alperi resultara elegido como diputado autonómico.

El 18 de octubre de 2007, el juzgado de instrucción número 8 remitió al alto tribunal las conclusiones de la instrucción del "caso de los aparcamientos" subterráneos.

En este caso figuraban imputados por supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos tanto Díaz Alperi como la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo (actual alcaldesa de Alicante), y el ex edil de Tráfico, Luis Concepción, y el empresario Enrique Ortiz, entre otros.

El TSJCV resolvió pocos días después el archivo de las actuaciones al considerar, en contra del criterio del juez instructor, que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito.