Educación acepta que se estudie una posible moratoria sobre Ciudadanía

VICTORIA BUENO / REDACCIÓN Sólo una respuesta positiva por parte de Camps a la propuesta de la comunidad educativa para que se aplique una moratoria sobre la orden de Educación para la Ciudadanía (EpC) en inglés que la suspenda temporalmente podrá a su vez tener algún efecto sobre las anunciadas manifestaciones del sábado en Valencia y del 17 de diciembre en la totalidad de los centros educativos en forma de huelga general de la enseñanza.

Desde la Plataforma por la Enseñanza Pública reclaman una respuesta del presidente a la moratoria "en muy poco tiempo, horas o días" porque sin dicho compromiso "seguirán adelante todas las movilizaciones".

La semana pasada pidieron este aplazamiento de la orden de EpC los representantes de los padres en Covapa -integrada por la federación provincial mayoritaria en Alicante, la Fapa Gabriel Miró- y ayer lo hizo la otra facción de padres -integrada a su vez por la Fapa Enric Valor de Alicante- junto a otros muchos colectivos que conforman la Plataforma por la enseñanza pública -los sindicatos Fete-UGT, CC OO y STEPV, permanentes de directores de Primaria y Secundaria, federación de estudiantes, inspectores de Adide y otros colectivos cívicos.

Todos piden lo mismo: aplazar la conflictiva orden hasta disponer de los recursos necesarios en los centros para impartir el plurilingüismo y dotar a Primaria e Infantil de los maestros de Inglés necesarios desde las primeras etapas. La secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, que representó a Camps en la reunión de ayer con la Plataforma educativa, recalcó que la orden "no se va a retirar" pero añadió que atenderá la petición del colectivo para transmitir a sus superiores, el conseller y el jefe del Consell, Francisco Camps "que se estudien posibles moratorias en la aplicación. La decisión se tiene que tomar en otras instancias", se excusó.

La participación de los Cefire en la forma de impartir Ciudadanía la concretó Gómez en el sentido de "orientar al profesorado para mejorar su quehacer didáctico en clase de lengua extranjera, ya sea en EpC u otra asignatura que se quiera vehicular en inglés". Y se mostró de acuerdo con la Plataforma en "llegar a un modelo consensuado de educación plurilingüe que supondría un cambio sustancial en la política educativa valenciana respetando las dos lenguas cooficiales" pero el único compromiso que alcanzó ayer fue el de "mantener informada a la Plataforma de las decisiones que se vayan tomando", porque, como advirtió "no es un agente negociador aunque sí un interlocutor válido".

A la petición de maestros de Inglés admitió que faltan cerca de 200 y se comprometió a trabajar las plantillas buscando "su eficiencia puesto que no tenemos que pensar siempre que faltan recursos". Sobre la también solicitada catalogación de plazas de Secundaria en valenciano Gómez habló de su implantación progresiva en años, lo que la Plataforma entiende como una contradicción porque respecto a EpC en inglés "se ha impuesto de golpe" dijeron.

Por otra parte, 600 personas se manifestaron ayer en Cocentaina para mostrar su rechazo a la política educativa de la Generalitat. La convocatoria había sido realizada por las asocaciones de padres de tres centros públicos y contó con la presencia de estudiantes, padres, profesores y políticos del gobierno local.

Sólo el 1,2% sabe valenciano

Apenas el 1,2% del personal de la Generalitat -a excepción del profesorado- tiene competencia acreditada en las dos lenguas cooficiales, castellano y valenciano. De los 15.669 empleados en la Administración autonómica, sólo a 193 se les ha exigido un determinado grado de conocimiento de valenciano. Lo revela el informe "Un diagnòstic de la Llei d'Ús" presentado por la mesa per l'Ensenyament en Valencià sobre los 25 años de aplicación de la ley del valenciano. Ponen además de relieve los "incumplimientos" del Consell ante la "mínima aplicación" de la ley, desde donde replicaron que "en una década la cifra de estudiantes en valenciano ha crecido un 165%".