J. A. M.
La Fiscalía de Alicante ha ampliado el turno creado para atender las denuncias por corrupción ante el aumento de los casos, según indicó ayer el fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero. En la actualidad, cada uno de los seis fiscales coordinadores que forman parte de este servicio tiene una media de hasta once denuncias cada uno sobre la mesa. Ante este elevado número, se ha optado por ampliar el reparto de estos asuntos a todos los fiscales de la Audiencia, lo que supone siete acusadores más para poder estudiarlas. La decisión coincide además con la aprobación de una propuesta por parte de la junta de fiscales para que el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, pueda apoyarse para su trabajo en otros acusadores y delegar actuaciones en ellos. El fiscal jefe calificó la propuesta como un intento de "racionalizar" el trabajo.
El turno especial para denuncias por corrupción se creó tras las últimas elecciones municipales a propuesta de Romero. El objetivo era establecer un filtro ante todas estas casos y descargar de trabajo a Anticorrupción. "Son denuncias de todo tipo, no necesariamente políticas, y algunas de ellas no tienen trascendencia. Hay una persona que ha presentado una denuncia porque le han embargado la casa. La Fiscalía Anticorrupción no está para eso", explicó ayer Romero. La función de este turno es estudiar las denuncias por si hay indicios de delito para iniciar una investigación y enviarlas al juzgado.
Asimismo, la junta de fiscales aprobó ayer una propuesta para descargar de trabajo al departamento de Felipe Briones y que pueda delegar en otros miembros de la plantilla. "No puede asistir a todos las diligencias que se practiquen, ni estar al tanto de todas las resoluciones judiciales que se produzcan", explicó Romero. Briones deberá presentar una propuesta explicando qué espera de cada fiscal, para que haga un seguimiento de los casos, le informe sobre el resultado de las diligencias o le comunique cuándo un juzgado ha archivado un caso. La idea es que Briones marque las pautas de la investigación y oriente el caso, y posteriormente sea el fiscal que esté asignado al juzgado el que haga el seguimiento de la causa. El ejemplo más claro es el llamado "caso Orihuela", una denuncia por presunta corrupción en este ayuntamiento y que acabó dividida hasta en 16 casos diferentes. De ellos, cinco ya se han archivado.