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EFE/R.L. La diputada de Iniciativa en Las Cortes Valencianas Mónica Oltra, denunció ayer la contratación de un hijo del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, como director de gestión de la Ciudad de la Justicia de Castellón, un puesto que "no está contemplado en el organigrama establecido por el Consell", manifestó.
Este aspecto ha sido negado por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, que ha emitido un comunicado en el que rechaza haber creado "un puesto de trabajo a medida" de Jaime Font de Mora. Según la conselleria, este puesto fue creado el 16 de mayo de 2007, mientras que el hijo del conseller lo ocupa desde el 20 de mayo de 2008.
La también portavoz adjunta del grupo Compromís pel País Valencià en las Cortes calificó de "escandaloso" que se cree "una nueva plaza no contemplada para cobrar más de 3.000 euros al mes, mientras se escatiman recursos de la justicia para desbloquear" los procesos abiertos contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra.
Oltra ha insistido en "las sospechas sobre la legalidad de este tipo de contratación, al haber sido ocultada por la Administración", y ha criticado que se destine este dinero a "crear nuevas plazas no contemplados con sueldos altísimos, mientras no se quiere dotar de más recursos a los juzgados de Nules", encargado de las causas abiertas contra Fabra.
Según se explica desde la conselleria, el puesto que ocupa Jaime Font de Mora es el de jefe de sección de Gestión Interna y no el de director de gestión, y está "perfectamente recogido en la relación de puestos de trabajo de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas".
Desde Justicia se ha insistido en que la forma de provisión del puesto "se ajusta a la normativa vigente, al ser ocupado mediante la denominada comisión de servicios por un periodo de un año, prorrogable por otro más", tal y como establece el decreto de selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa.
El hijo del conseller era secretario judicial y la comisión de servicios que le ha permitido ocupar esta nueva categoría "tuvo que ser aprobada por el secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, previa autorización del Ministerio de Justicia".
La Conselleria ha precisado que, desde su creación, este puesto "permaneció vacante durante un año porque no se encontraron aspirantes que aceptasen la adscripción temporal al mismo".
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