Los hogares amenazados de embargo aumentan un 25% en sólo un año

N. IGLESIAS Las consecuencias de la crisis económica comienzan a dejarse notar de manera contundente en los juzgados de la provincia. El número de notificaciones de embargos tramitadas a las familias de Alicante aumenta a un ritmo "preocupante" hasta alcanzar los 1.783 asuntos al cierre del pasado mes de octubre.
El departamento del Servicio Común de la capital, encargado de la gestión de estas comunicaciones en el partido judicial de Alicante, ha visto cómo este año los procesos relacionados con impagos se han incrementado en un 25%. Una realidad que se traduce en el hecho de que 360 familias más que hace tan solo un año están sufriendo dificultades económicas, viviendo bajo la amenaza de perder sus bienes si no responden a sus deudas.
El volumen de casos extremos en los que por decisión judicial se determina la ejecución de los embargos ha crecido a igual ritmo, con un total de 118 lanzamientos de tipo hipotecario -órdenes dictadas para que se despoje a una persona de sus posesiones- puestos en marcha hasta el pasado 30 de octubre. Una cifra que contrasta con los parámetros del mismo periodo del año anterior en el que se llegaron a materializar un total de 57 casos, según los últimos datos barajados por el departamento de Notificaciones.
El momento económico actual está propiciando así unas cifras que comienzan a activar las alarmas ya que se están sobrepasando los baremos de etapas anteriores, con una media de cuatro y cinco lanzamientos diarios. Unas cantidades catalogadas como "muy elevadas".
Lejos de prever una mejoría, los profesionales advierten de que la entrada en el próximo año endurecerá aún más la situación ya que "muchos de los casos abordados en estos meses saldrán a ejecución en 2009 disparando las cifras de personas que se enfrentan a la pérdida inminente de sus propiedades".
Los balances nacionales confirman estos pronósticos con estadísticas que sitúan en cerca de un centenar el volumen de familias que se han declarado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos y quiebras) durante el tercer trimestre del año por la imposibilidad de afrontar sus deudas, lo que supone un incremento del 385% respecto al mismo periodo del año anterior.