C. R. F.
Seis años después de que comenzaran a echar a los vecinos de Agua Amarga que fueron expropiados para desarrollar el proyecto de Ciudad de la Luz, ayer culminó el desalojo forzoso del barrio con el derribo de la última vivienda habitada. Y se hizo como empezó: con protestas de los afectados por las formas empleadas. La última vecina de la zona histórica del barrio fue María del Carmen Ponce Cantero, quien, según relató ayer su hija Desiré González, se sorprendió cuando a las ocho de la mañana se presentó en su domicilio personal de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana para derribar la casa.
"Mi madre sabía que tenía que marcharse, pero no le habían comunicado la fecha", señala su hija, quien lamenta el trato que le ha dado la Generalitat. La joven relata que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 autorizó el pasado 27 de octubre a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda para que ejecutara el desalojo, pero "con el mínimo sacrificio a los derechos y las libertades de las personas".
La familia reconoce que se les ha comunicado en dos ocasiones, de forma verbal la "inminente" demolición, pero considera que este término "es ambiguo" y que se le debería haber notificado la fecha y por escrito. Por tanto, aunque María del Carmen tenía algunos enseres ya empaquetados a sabiendas de que pronto tendría que mudarse, aún le quedaban los muebles y otras pertenencias sin recoger. La mujer relata que pidió que le dieran este fin de semana de margen, pero que se lo denegaron y que, finalmente, pasado el mediodía comenzaron el derribo. Mientras, la Conselleria de Medio Ambiente mantuvo ayer silencio sobre este desalojo.