V. ROMERO
El secretario autonómico del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, aseguró ayer que el código ético que los populares suscribieron en los años noventa como mecanismo de control interno de irregularidades sigue vigente. No obstante, dijo desconocer si está incorporado a los estatutos nacionales del partido y aseguró que la potestad de suspender de militancia "corresponde a la dirección nacional". Costa cerró filas con la figura del presidente provincial del PP de Castellón y presidente de la diputación, Carlos Fabra, y manifestó que los límites éticos que figuran en el código popular no le afectan.
El PP aprobó en los noventa, cuando los casos de corrupción arreciaban contra dirigentes del PSOE, un código ético en el que se comprometía a crear comisiones de investigación interna y hacer pública sus conclusiones "si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pudieran derivarse indicios racionales de comisión de un delito" por parte de alguno de sus cargos públicos. Fabra está imputado desde hace tres años por presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la Administración, además de por un supuesto delito de fraude a la Hacienda pública.
Costa se refirió también a las palabras del abogado de la acusación del caso Fabra quien ha denunciado un montaje de periodistas que se ha hecho pasar por falsos empresarios y ha apuntado la hipótesis de que Fabra esté detrás de la trampa. "Si ese abogado tiene pruebas de que está siendo presionado, chantajeado y coaccionado tiene que ir al juzgado y denunciarlo".