Costas insiste en dar concesiones de hasta 60 años para salvar las casas amenazadas

F. J. B. El Ministerio de Medio Ambiente accedió ayer a estudiar la propuesta de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas de crear una comisión mixta para encontrar soluciones a la inseguridad jurídica que sufren los propietarios de las cerca de 1.300 viviendas de la provincia que están, teóricamente, fuera de ordenación y pendientes de un deslinde costero que puede acabar con su demolición. La iniciativa, planteada por la presidenta nacional de la Plataforma, Carmen del Amo, se planteó durante la primera reunión entre los afectados y dos cargos públicos de Medio Ambiente, el secretario general del Mar, Juan Carlos Martin y la Directora General de Sostenibilidad de la Costa, Alicia Paz.

Por primera vez tras cinco años de polémica, los representantes del Ministerio tuvieron ocasión de conocer de primera mano el drama que viven muchos propietarios de una vivienda alegal en la Costa Blanca, en general jubilados muy mayores -las casas datan en su mayoría de 1964- con pensiones ajustadas y "sin ningún futuro inmediato debido a que al tratarse de viviendas fuera de ordenación no se pueden vender porque, entre otros factores, la tasación es cero y ningún banco acceder a negociar los créditos. Existen situaciones penosas de personas que querrían vender para irse a una residencia o regresar a sus países de origen y no lo pueden hacer por la inseguridad jurídica que ha provocado la ley", subrayó Carmen del Amo.

Medio Ambiente trató de tranquilizar a los afectados y tanto Carlos Martín como Alicia Paz aseguraron que en la mente del Ministerio no está la demolición y que se va a acelerar la aprobación de concesiones. La ley permite conceder licencias de ocupación para viviendas y negocios de hasta 60 años "pero también establece que se puede revocar en cualquier momento", explicó Del Amo, quien rechazó esta posibilidad como solución definitiva. "Lo positivo del encuentro es que por fin nos han escuchado y lo negativo es que, de momento, todo sigue igual", aseveró la presidenta quien, por otra parte, recordó que "en otras zonas de España se han legalizado viviendas -hasta dieciocho mil en Marbella- y por qué aquí no cuando, por ejemplo, la mayor parte de las viviendas se construyeron antes, incluso, de la ley de 1969. Para colmo, Costas sostiene que no aplica la ley con carácter retroactivo".

El 65% de las viviendas amenazadas de derribo en España por los deslindes que actualiza la Dirección General de Costas para aplicar la ley aprobada en 1988 se encuentran distribuidas a lo largo de la franja litoral de la provincia, según costa en el informe que la plataforma de afectados remitió a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En total, en España existen unas dos mil casas construidas, según el Ministerio de Medio Ambiente, invadiendo el dominio público marítimo-terrestre -entre veinte y cien metros de protección, según los casos-, de las que unas 1.300 están en la provincia y el resto repartidas por Canarias, Asturias, Galicia, Valencia y Castellón. Carmen del Amo, portavoz de la plataforma que reside en la Albufereta, calcula que en estos momentos la amenaza de la demolición afecta a unas cinco mil personas y ha reclamado al Gobierno, en nombre de los afectados, que deje sin efecto el carácter retroactivo de la ley o la desafección de los terrenos donde se ubican las viviendas.

Los propietarios tienen sus casas en zonas donde la aplicación de la Ley de Costas obliga a su derribo residen en la Albufereta -edificios Helios, Rocafel y Torre Alacant-, Arenales del Sol (Elche), Dénia, Santa Pola y Guardamar. Los afectados habían denunciado hasta ahora la falta de diálogo con los rectores de Costas en Madrid, que por no atender no atendían ni los dictámenes a favor de su director territorial en Alicante.