La ex alcaldesa de Dénia, Paqui Viciano (PSPV-PSOE), quien fuera su gerente de Urbanismo, Joan Frasés, y el edil de Urbanismo entre 2003 y 2007, el también socialista Juli Martínez, tendrán que explicar en los tribunales la operación por la que el Ayuntamiento vendió en el año 2004 un tramo de un antiguo camino catastral a una promotora. Hace un mes, el fiscal de Dénia admitió a trámite la denuncia interpuesta en el pasado mes de mayo por el PP, Gent de Dénia y Partido Social Demócrata, por presunta prevaricación administrativa, y ayer mismo llegó la consecuencia directa de esa admisión: un auto de la Fiscalía de Alicante ordena al Juzgado número 3 de Dénia que abra las diligencias citando a declarar como imputados a Viciano, Frasés y Martínez.
Los hechos se remontan al año 2004, cuando el Ayuntamiento enajenó a la mercantil Construcciones Conca S.L. la parte de un antiguo camino catastral por el valor de 38.317,34 euros. El viejo vial atravesaba una parcela urbanizable propiedad de la empresa que, al comprar ese tramo (240 metros cuadrados) al consistorio, pudo llevar a cabo la edificación de una urbanización que está ya concluida.
En la denuncia que interpusieron en mayo, cuando estaban aún en la oposición, PP, GD y PSD acusaban de presunta prevaricación a los ahora imputados. A su juicio, los tres se habrían puesto "previamente de acuerdo" para tramitar la venta del camino, con un informe jurídico "sin firmar". Y que la venta se había "adjudicado a la empresa urbanizadora sin subasta y sin justificación del valor de venta al precio de 222,37 euros por metro cuadrado, cuando el precio medio por metro cuadrado para el mismo Ayuntamiento a mediados de 2004 era de 2.021 euros".
Sin embargo, los informes municipales desdicen todos estos extremos. La venta del camino se realizó con el visto bueno de todos los técnicos. Así, respecto al valor de venta, el informe del arquitecto municipal, Rogelio Mira, daba su visto bueno al valor estipulado; es más, indicaba también que el precio está fijado por una tasación "realizada por una oficina bancaria" y que incluso "es superior al de los valores urbanísticos de las tablas de transferencias" de aprovechamiento que aplicaba el ayuntamiento. Es decir, que incluso el ayuntamiento ingresó más dinero del que hubiera recaudado si aplicaba sus propias tablas.
Asimismo, el informe jurídico, que sí que estaba firmado, concluye que "se proceda a la enjenación directa de la parcela sobrante de propiedad municipal, antiguo camino catastral" y que se haga "por un valor total de 38.317,34 euros". El mismo informe explicaba también que el camino enajenado había dejado de ser un camino catastral desde el Plan General de Ordenación Urbana de 1972, pasando a ser un bien patrimonial considerado parcela sobrante. Y por tanto, en base al artículo 115 del Reglamento de Bienes,de las Entidades Locales, su destinto ha de ser ser enajenada o vendida directamente "al propietario o propietarios colindantes". Según ese informe, la denuncia de PP, GD y PSD partiría ya en su primera línea de una premisa falsa, en la que los denunciantes acusan a Viciano de "aprobar y firmar el contrato de compraventa para la venta directa del camino catastral XXVIII municipal".
Defienden la legalidad de la operación
Paqui Viciano acogió ayer la noticia con sorpresa. Pese a estar fechado el auto el pasado día 27, ni ella ni los otros dos imputados, aseguró, habían recibido a última hora de la tarde la notificación que circulaba ya por todos los medios de comunicación. No obstante, la actual portavoz socialista, que se reunió tras conocer la imputación con Joan Frasés y Juli Martínez, manifestó que "estamos tranquilos, porque el expediente se tramitó, como todos, con total escrupolosidad " y con el aval de la legalidad. De hecho, cuando el anterior gobierno local PSPV-Bloc aprobó la venta de los 240 metros cuadrados del antiguo camino lo hizo, recordó, tras recabar todos los informes jurídicos y económicos necesarios. Y todos ellos avalaban tanto legalidad de la operación como el precio de venta. Para Viciano, "está claro" que el actual pentapartito que gobierna la ciudad a raíz de la moción de censura del 7 de julio, "tiene que justificar" su operación de acceso al poder.
