Ripoll propone un pacto al PSPV para  evitar una disolución del Ayuntamiento

PERE ROSTOLL Dirigentes del PP y del PSPV de Alicante mantuvieron ayer discretos contactos para tratar de solucionar la crisis que vive el Ayuntamiento de San Fulgencio e intentar evitar una posible disolución del consistorio, confirmaron fuentes de ambas formaciones. El líder de los populares alicantinos, José Joaquín Ripoll, ha propuesto a los socialistas un pacto para dar estabilidad a la localidad y conformar un nuevo equipo de gobierno que permita conducir el municipio hasta las próximas elecciones del año 2011. En principio, el PSPV está por buscar una salida pero, de momento, no ha contestado a la oferta.

Los términos de las conversaciones que dirigentes de ambas formaciones mantuvieron ayer pasan por dar una solución a la crisis del consistorio. La intención sería la de conformar un nuevo equipo de gobierno sin presencia de los ediles implicados en las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Hay un cierto acuerdo sobre el papel positivo que podrían jugar en la gobernabilidad algunos de los candidatos socialistas que entrarían a formar parte de la corporación en el caso de que alguno de los tres ediles del PSPV, todos ellos implicados en la investigación, dimitieran y dejaran paso. El problema es cómo hacer dimitir a la alcaldesa, Trinidad Martínez, y a los otros dos concejales socialistas, todos suspendidos de militancia y con un expediente disciplinario de expulsión abierto.

La otra pata del gobierno la conformarían los tres ediles del PP. La oferta de Ripoll incluiría que fuera la actual portavoz municipal de los populares y diputada provincial, María Asunción Prieto, la que asumiera la Alcaldía. Prieto, que anteriormente ocupó una concejalía en Crevillent y que fue candidata en San Fulgencio para repetir en la corporación provincial, tiene una amplia experiencia en cargos municipales y podría encajar en el perfil de la persona que pudiera apaciguar los ánimos en la localidad y presidir un ejecutivo de concentración que diera una cierta estabilidad a la gestión en la localidad.

¿Qué hacer con los tres partidos independientes que conforman el consistorio de San Fulgencio? En principio, está descartado que en la operación pudieran entrar los ediles de la Agrupación Independiente del Mediterráneo, el partido del edil Manuel Barrera, cuya actuación se encuentra en el epicentro de la intervención judicial. Y sólo se ofrecería entrar en el acuerdo de gobierno a Agrupación Popular si Mariano Martí, el líder de este grupo, también detenido, dejara el acta. Sí estarían abiertas las puertas para los dos concejales de Progreso y Orden que, hasta ahora, se mantenían en los bancos de la oposición.

El propio Ripoll confirmó los movimientos porque, apuntó, "convendría que fuéramos capaces de garantizar la gobernabilidad de San Fulgencio mientras que la justicia va esclareciendo los hechos desde el ámbito de Alicante y no de forma impuesta desde fuera" como podría ocurrir en el caso de una disolución. "Hago un ofrecimiento al PSPV en esta dirección", aseveró el máximo mandatario provincial que dijo estar "muy preocupado". "No se trata de hurtar la voluntad política de los ciudadanos, sino de garantizar una especie de período transitorio para ponernos de acuerdo y dar soluciones", aseveró el presidente provincial.

Rambla: "Se tomarán todas las medidas"

El Consell esperará a conocer el "alcance de las imputaciones" que pueden recaer sobre la alcaldesa de San Fulgencio, Trinidad Martínez, para "valorar el impacto que tienen en la gobernabilidad del municipio" y adoptar, en caso necesario, "todas las medidas que correspondan". El Ejecutivo autonómico podría retirar las competencias urbanísticas al municipio pero, en el caso de la disolución, tendría que realizar la solicitud Madrid. Rambla, en los pasillos de las Cortes, en todo caso, consideró que tomar alguna de estas dos medidas sería "el último estadio". "Es muy apresurado plantear esta posibilidad. Lo razonable y lo prudente es esperar a ver cuál es el alcance de las imputaciones, y en función de ellas valorar el impacto que tienen sobre la gobernabilidad y, a partir de ahí, instar todas las medidas que correspondan", concluyó.