D. P.
El juzgado Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Orihuela, que dirige la investigación, autorizó el pasado verano a un grupo especializado de la Guardia Civil investigar el patrimonio de alrededor de una docena vecinos de Bigastro y una empresa en el marco de esta operación. Entre otros se encuentran el del alcalde y el secretario interventor municipal, Antonio Saseta, según fuentes de la investigación.
Tras su detención el pasado martes la Guardia Civil realizó un exhaustivo registro de su vivienda durante casi dos horas que incluyó hasta la inspección de álbumes de fotos familiares o el interior de una colección de discos de vinilo.
Los agentes buscarían, al margen de documentación vinculada con la investigación, dinero en efectivo, algo que al parecer el primer edil ya anunció a los agentes que no iban a encontrar.
El alcalde José Joaquín Moya ha podido contactar e incluso mantener una breve conversación con algún familiar cercano durante sus horas en dependencias policiales. Al parecer, el alcalde socialista y el secretario interventor municipal se han mantenido en dependencias cercanas y apartados del resto de arrestados.