Moya declara hoy en el juzgado de Orihuela

D. P. La complejidad de la investigación policial de la que se derivaron el martes pasado las detenciones del alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, el secretario Antonio Saseta y dos empresarios locales, a la que se sumó ayer la de un ingeniero, ha obligado al equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil a apurar el plazo legal de 72 horas de arresto en dependencias policiales que expira esta mañana.
Los detenidos, acusados de un supuesto delito de cohecho y malversación, pasarán a primera hora a disposición del juzgado de guardia, el número 5, según indicaron ayer desde el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia.

Operación
La prolongación de esta situación indicaría que la Guardia Civil mantiene abierta la operación, además de la complejidad de las propias investigaciones y sus derivaciones económicas y patrimoniales.
El alcalde socialista -suspendido de militancia- y el resto de detenidos cumplen tres jornadas en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, los primeros, y en el cuartel de Almoradí, sólo los dos empresarios que responden a las iniciales de José L. y Manuel N. En un primer momento, está previsto que declaren a partir de las nueve de la mañana.
De hecho fueron las mismas fuentes del TSJ las que habían anunciado ayer la puesta a disposición judicial en el Juzgado Número 5 por la tarde, en una jornada de actividad frenética en el Palacio de Justicia de la Plaza de Santa Lucía oriolana por la coincidencia con la declaración de la alcaldesa, su abogado y un edil de San Fulgencio.