Malestar por un despliegue excesivo

REDACCIÓN La evidente desproporción entre la naturaleza de los hechos que se imputan a los arrestados por el denominado caso San Fulgencio y el modo y las formas en que se han llevado a cabo las detenciones ha provocado cierto malestar incluso entre un sector de la Fiscalía que se pregunta cuál es la dirección y el control que el fiscal jefe, José Antonio Romero, está ejerciendo sobre este asunto. Acusadores públicos
admiten en privado que el tema se podía haber llevado con más mesura -"quizá no hubiera hecho falta trasladar a los detenidos a Alicante ni que pasaran hasta dos noches en los calabozos", señalan algunos- aunque también llaman la atención sobre el hecho de que el asunto comenzó como una presunta trama de corrupción urbanística y no como una investigación para determinar el grado de implicación de los detenidos en la elaboración y difusión de un video en el que se simulada un soborno a un compañero de corporación. El malestar no se ciñe sólo a la Fiscalía aunque otras fuentes conocedoras del caso apuntan a que se tomó la decisión de realizar las detenciones tal y como se llevaron a cabo ante la imposibilidad, en contactos previos con los arrestados, de saber exactamente qué había ocurrido.