La detención de un ingeniero eleva a cinco los implicados en Bigastro

a Guardia Civil detuvo ayer a un ingeniero que trabajaba para el Ayuntamiento de Bigastro. Es el quinto arresto realizado por la unidad de delitos contra el patrimonio de la Guardia Civil en el marco de la denominada operación Bigastro que investiga presuntos delitos urbanísticos. En la actuación policial han sido arrestados, hasta ahora, el alcalde, José Joaquín Moya, el secretario interventor Antonio Saseta y dos empresarios locales. No se descarta, al menos, una nueva detención de una persona ligada al funcionamiento del Ayuntamiento.
Por otra parte, uno de los empresarios implicados en la Operación Bigastro, que investiga supuestas irregularidades urbanísticas en este Ayuntamiento, recibió 60.000 euros en efectivo de manos de un funcionario tres meses antes de que la Alcaldía concretara una operación de permuta -plagada de supuestas irregularidades- que justificaría ese pago, según fuentes de la investigación.
El alcalde propuso al empresario hacerse con un local que éste tenía "apalabrado" con su propietario en la calle Purísima. A cambio la mercantil recibía 1.600 metros cuadrados de terreno para hacer naves y el dinero de la valoración de ese inmueble. En esos momentos ese suelo estaba calificado como zona verde, uso que sólo se puede cambiar con una modificación del Plan General avalada por la Generalitat.
En enero de 2005 un funcionario hizo efectivo ese pago de 60.000 euros. El empresario terminó de comprarlo por su cuenta y, meses después, en abril de ese año se formalizó la permuta con el Ayuntamiento, donde se le abonó el resto del dinero, 132.000 euros.

Desfase
La investigación, por presunta prevaricación, malversación y contra la ordenación del territorio, trata de esclarecer tanto el destino de este dinero público como el desfase de valoración entre los bienes que recibía el empresario y los que adquiría el Ayuntamiento. La mercantil accedía a esa zona verde reconvertida en zona industrial y los 132.000 euros. A cambio el Ayuntamiento obtuvo un local de 150 metros cuadrados cuyo fin era subastarlo para un restaurante. El bajo que obtuvo el Consistorio tenía problemas de conservación.
Los técnicos tasaron la zona verde reconvertida en industrial sin mediar tramitación urbanística en 30 euros por metro cuadrado (un total de 48.080 euros por los 1.600 m2), un precio muy por debajo del valor del mercado. El empresario hizo cuatro naves con un valor de venta de casi un millón de euros, según recogía la denuncia del PP sobre estos hechos. En este sentido los populares indicaron que "la valoración roza el regalo. Un zona verde que posteriormente se edifica pasando su valor a multiplicarse de forma descomunal".