Castedo dará una prórroga para legalizar los graneles del Puerto

CLARA R. FORNER La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se manifestó ayer a favor de conceder una pequeña prórroga, de unos 15 días, a las empresas que ejercen la actividad de carga y descarga de graneles en el Puerto de Alicante para evitar el cierre de estas empresas. Precisamente, los representantes de las mercantiles y los trabajadores que desarrollan su actividad en el Puerto advirtieron ayer en rueda de prensa de que el cierre de esta actividad dejaría en la calle a unos 300 trabajadores.

Un representante de las mercantiles acudió ayer al Ayuntamiento a solicitar una moratoria para legalizar su situación y adoptar medias correctoras después de que la Gerencia de Urbanismo remitiera a principios de octubre un escrito en el que daba un plazo de un mes para regularizar su actividad a las tres empresas que, según figura en un informe de la Guardia Civil, ejercen su actividad sin las necesarias autorizaciones.

La alcaldesa respondió que "no tendría inconveniente en dar una pequeña prórroga", siempre a cambio de que las mercantiles apliquen las medias correctoras "para cumplir el objetivo de que molesten lo menos posible o incluso nada" a los vecinos de los barrios colindantes.

En la rueda de prensa ofrecida ayer en la sede de la Autoridad Portuaria intervinieron representantes de los estibadores y sus empleados, transportistas, agentes de aduanas, consignatarios, prácticos, remolcadores, amarradores, trabajadores de la Zona de Actividades Logísticas y transitarios. Sus portavoces arremetieron contra la concejala socialista Aurora Gómez, porque afirman que ha solicitado el cese de la actividad, algo que consideran "de una gravedad absoluta" y le preguntaron si "ese alarde lo ha tenido con empresas y trabajadores de fuera del Puerto" como los del Ave. Asimismo, advirtieron de que "esta afirmación gratuita podría costar unos 300 puestos de trabajo, aparte del cierre de algunas empresas" cuando precisamente ahora estas mercantiles han iniciado el proceso para regularizarse. Los portavoces consideran que estas declaraciones crean "inestabilidad" y ahuyentan a las empresas en un momento difícil como el actual. De hecho, aseguraron que la actividad portuaria ha bajado entre el 25 y el 30%, algo que repercute en la actividad económica provincial, y lo atribuyeron principalmente a los conflictos con los vecinos.