La juez deja en libertad con cargos a tres de los seis detenidos en San Fulgencio

REDACCIÓN La alcaldesa de San Fulgencio, la socialista Trinidad Martínez, el concejal de Seguridad, Juan Antonio Gamuz, y el abogado de los servicios jurídicos de ese ayuntamiento de la Vega Baja, José Antonio Ramos Calabria, fueron puestos ayer en libertad provisional con cargos tras prestar declaración ante la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela, Joaquina de la Peña, y el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones. Juez y fiscal pretenden esclarecer, de entrada, la presunta participación de los detenidos en la elaboración y difusión de un video en el que otro de los ediles del equipo de gobierno, el independiente Manuel Barrera, aparecía aceptando un soborno de unos supuestos promotores para favorecerles en un plan urbanístico de la localidad. Barrera estuvo dos días en prisión por estos hechos pero fue puesto en libertad provisional con cargos a petición del propio fiscal al sospechar que podía tratarse de un montaje, lo que impediría formular contra él una acusación por cohecho, como en principio se barajó.

¿Quién lo pagó?

En el proceso se busca aclarar también de dónde salió el dinero con el que se pagó a la agencia de detectives que realizó la grabación así como los 5.000 euros que le entregaron a Barrera como adelanto de la cantidad que supuestamente iba a ser el monto total del soborno, más de 200.000 euros.

Hoy está previsto que comparezcan ante la juez los otros tres detenidos en esta causa, el también edil socialista Juan Antonio González, y los independientes Mariano Martí y Fini Remi, de la Agrupación Popular de San Fulgencio.

La alcaldesa, los cuatro ediles y el letrado fueron detenidos el miércoles en San Fulgencio, trasladados a la Comisaría de Alicante y de ahí, por falta de espacio, a los calabozos del Palacio de Justicia de Benalúa, donde la primera edil, Gamuz y el letrado han pasado una noche. Los otros tres ediles, la primera en Benalúa y anoche, en los calabozos de Comisaría. Ayer, en cambio, el fiscal no solicitó la prisión preventiva para los detenidos al entender que no hay alarma social y que no existe riesgo de fuga ni de que destruyan pruebas esenciales para el proceso.

Ni la alcaldesa ni el edil Gamuz quisieron explicar ayer, tras abandonar las dependencias judiciales, los motivos de la detención ni los cargos que se les imputan, aunque sí negaron que tuvieran algo que ver con delitos urbanísticos, en contra de lo que en principio se barajó, que apuntaba a una trama de corrupción urbanística con ocho detenidos. Hasta el TSJ tuvo que rectificar el comunicado difundido sobre el caso, en el inicialmente se refería a "presuntos delitos urbanísticos", para eliminar cualquier referencia al posible delito.

Este diario ha podido saber que la juez habría imputado a ambos políticos los delitos de cohecho, prevaricación y una posible malversación en relación a la participación de ambos en la elaboración del polémico vídeo del que la alcaldesa se habría desmarcado por completo ante la juez a diferencia de Gamuz, que sí habría admitido la contratación del montaje. Este diario intentó ratificar ayer con el edil este hecho sin que ello fuera posible.

La agencia de detectives que grabó el video sí ha reconocido que fue contratada por el Ayuntamiento de San Fulgencio después de que su propietario fuera detenido el pasado lunes y trasladado a Alicante desde Barcelona, donde tiene su sede, para prestar declaración sobre estos hechos. También está en libertad provisional.

Al abogado José Antonio Ramos Calabria se le imputan los delitos de denuncia falsa y revelación de secretos, según confirmó a la salida de los juzgados de Orihuela su letrado, José Miguel Porras.

Según obra en el auto de la magistrada, los dos ediles y el abogado tendrán que acudir las dependencias judiciales los días 1 y 15 de cada mes para firmar el acta de comparecencia, una formalidad judicial que, entre otros objetivos, pretende garantizar que cualquier imputado no intente huir de la acción de la justicia hasta la celebración del juicio o el sobreseimiento definitivo de las actuaciones.

Al parecer, fue la Policía, tras consultar con el fiscal Briones, la que decidió que las declaraciones de los seis detenidos en San Fulgencio se realizaran en días distintos; entre otros motivos, porque el supuesto grado de imputación que se les atribuye en los hechos es muy distinto.

El abogado de la regidora y del edil de Seguridad, José Pardo, afirmó tajante a preguntas de los periodistas que "no existe delito por parte de mis clientes" y que todo este asunto obedecía "a un problema de interpretación del Derecho Penal, es caso de dogmática jurídica", dijo. El letrado insistió en que no existía en la causa delito alguno y en que, en cualquier caso, no estaba justificaba la detención de los concejales.

La alcaldesa y el letrado, por un lado, y el edil de Seguridad, por otro, habían llegado a los juzgados de Orihuela sobre las 12.30 horas en sendos coches camuflados de la Policía Nacional que se detuvieron ya dentro del garaje del edificio judicial, desde donde fueron trasladados a las dependencias judiciales en las que instantes después iban a prestar declaración.

El primero en abandonar los juzgados, sobre las 13.30 horas, fue José Antonio Ramos Calabria. Su abogado José Miguel Porras reiteró que "no hay imputación por cargos de cohecho, tramas urbanísticas de las que se hablan o de una naturaleza similar". La alcaldesa y el edil Gamuz lo hicieron sobre las 16 horas. Minutos después se marcharon el fiscal Anticorrupción y la magistrada, que hoy suma a las comparecencias del caso San Fulgencio las de Bigastro.

En la elaboración de esta información han participado P. Cerrada, E. de Gea, M. Alarcón y M. Gallego.