La Guardia Civil iba cada quince días al Ayuntamiento a recabar documentos

D. P. Fuentes del equipo de gobierno del PSOE desvelaron ayer que desde el pasado mes de febrero agentes de la Guardia Civil venían acudiendo al Ayuntamiento para reclamar documentación municipal sobre las subastas y permutas de suelo municipal en zona verde. Este terreno, más de cinco mil metros cuadrados se convirtió después en suelo para zona industrial. Las dependencias municipales recibieron visitas cada quince días por parte de los mismos agentes que esta semana detuvieron al primer edil y registraron su despacho para recoger documentación muninicipal.
El grupo municipal explicó que ha colaborado en todo momento con las fuerzas de seguridad a la hora de aportar de esta documentación y mostró su "sorpresa" por la operación policial "si ese es el tema por el que han actuado".
Como avanzó este diario, el equipo contra los delitos urbanísticos de la Guardia Civil y la juez del juzgado número 3 de Orihuela investiga una permuta de suelo de 1.600 metros en abril de 2005. A cambio de ese suelo municipal el empresario que lo adquirió entregó un local valorado en 180.000 euros en la calle La Purísima de Bigastro.
Según pudo conocer este periódico fue el propio alcalde el que propuso informalmente al empresario realizar la permuta, y no al revés, para hacerse con el citado local para el patrimonio local.

Patrimonio
Las pesquisas se centrarían, al margen del presunto delito contra la ordenación del territorio por realizar el cambio de uso del suelo sin modificar el Plan General, en el modo de pago empleado de ese dinero al empresario y el destino final de ese abono. Además estas adjudicaciones de suelo que la Guardia Civil investiga en el marco de la operación por la que se ha detenido al alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, se realizaron con precios tasados con cuatro años de desfase. Se concretaron en 2005 con trabajos de tasación fechados en 2001.
José Joaquín Moya ha mantenido el control de los asuntos urbanísticos locales desde finales de los noventa hasta el actual mandato haciendo compatible la Alcaldía con la delegación de Urbanismo.
A raiz de este procedimiento el juzgado habría autorizado meses atrás una investigación exhustiva del patrimonio personal del primer edil y de todos los miembros de su familia.

Sorpresa en las empresas de los detenidos

Los empresarios implicados y que siguen arrestados en el marco de la investigación de presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Bigastro no representan a grandes mercantiles constructoras. Son sociedades proveedoras de otras o subcontratadas para realizar trabajos. Las típicas empresas familiares que en los últimos años han desarrollado una actividad frenética con el impulso del sector de la construcción. Uno de estos dos empresarios detenidos, José P. cuenta con dos naves en la carretera que une Jacarilla con Algorfa. En la empresa, dedicada al suministro de material de escayola, donde trabajan apenas unas diez personas, mostraban su sorpresa por el arresto y preferían no abundar demasiado en el asunto, aunque admitían que su jefe no estaba desde hacía dos días.
El otro empresario implicado en este asunto, Manuel N., no cuenta con sede social o nave industrial propia en la población. Dirige una mercantil pequeña que ha atravesado graves dificultades económicas en los últimos tiempos. No tiene empleados ni a media docena de obreros que trabajan para otras empresas realizando trabajos subcontratados de albañilería e incluso "chapuzas". Años atrás la bonanza económica lo llevó a trabajar en otras poblaciones de la comarca como Torrevieja. En una ocasión protagonizó con sus empleados una protesta por el impago de un promotor de los trabajos que había realizado.