La subasta de zonas verdes para naves está en el origen del caso

D. PAMIES El juzgado de Instrucción número 3 investiga como origen de las detenciones realizadas ayer en el Ayuntamiento de Bigastro sobre presuntas irregularidades urbanísticas una subasta municipal de suelo que adjudicó a varios empresarios 5.800 metros cuadrados clasificados como zona verde, y que finalmente se destinaron a construir naves industriales.
A raiz de este asunto se ha realizado una exhaustiva investigación sobre el origen y volumen del patrimonio personal del alcalde detenido con soporte registral, cuentas corrientes y movimientos bancarios, tanto en España como en el extranjero, para lo que se ha contactado con Interpol, según fuentes cercanas al caso.
Además se suman varias de las denuncias realizadas desde finales de 2005 por la oposición del PP al equipo de gobierno del PSOE, que al margen de lo que concretan, como la construcción de un depósito de combustible en zona verde junto al nuevo colegio, habrían concluido, a través de distintas averiguaciones, en otros indicios de delito ahora por esclarecer.
La investigación parte de una tramitación iniciada por el Ayuntamiento de Bigastro en abril de 2005 por la que se ofreció suelo municipal clasificado como zona verde en el Plan General y su transformación en zona industrial sin instrumentos urbanísticos requeridos para hacerlo. Un cambio de uso en el que no medió ni resolución del pleno ni supervisión de la administración autonómica. De aquí se derivaría uno de los delitos contra la ordenación del territorio, según fuentes cercanas al caso.
Además, en un apartado específico de las operaciones,el denominado sector ZV3, a cambio de un suelo de 1.600 metros cuadrados el empresario adjudicatario entregó al Ayuntamiento un local comercial en una céntrica calle del casco urbano y dinero en efectivo: 180.300 euros. Según esas fuentes, la investigación se centra en el rastro y destino de una parte o de la totalidad de este dinero por si presuntamente no hubiera tenido asiento en la contabilidad municipal. El único trámite urbanístico que figura en el expediente es una "desafección" sin más de esos suelos, justificada en los informes técnicos asegurando que el "bien municipal -aquellas zonas verdes- no tenía una utilización socio económica adecuada a su aprovechamiento urbanístico, no siendo de especial necesidad para ningún uso o servicio público". Estas operaciones de subasta y permuta de suelo se remontan a abril de 2005.
El asunto fue denunciado públicamente por el portavoz y edil del Partido Popular de Bigastro, José Antonio Ricart, en enero de 2006. Se desconoce si los empresarios arrestados estarían vinculados a esta última denuncia.