Un rosario de imputaciones

D. P. El alcalde de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya, suma cuatro procedimientos judiciales en los que figura como imputado. Uno de ellos, el que desembocó ayer en la denominada Operación Bigastro, que ha provocado su arresto. De hecho, los procedimientos contra este alcalde se han ido repartiendo por varios de los juzgados de la Plaza de Santa Lucía de Orihuela. Cuatro imputaciones auspiciadas por el Partido Popular, con alguna participación de Los Verdes (sin representación el Consistorio), que en su periplo por las distintas sedes del Palacio de Justicia han ido sembrando sus denuncias. Desde finales de 2005 hasta la fecha las causas judiciales se han acumulado. Son los frutos de una constante y virulenta estrategia de la oposición que sorprendió la tranquilidad de una gestión realizada sin voces disonantes alrededor de veinte años.

En el juzgado número 4 se instruye un presunto delito de malversación de caudales públicos con origen en el uso indebido que Moya pudo haber realizado de personal y material municipal en la construcción de un hotel de alojamiento rural y vivienda particular.

El asunto se remonta a diciembre de 2005. Se aportaron fotografías, como la que se reproduce, en la que aparece un camión con el escudo municipal accediendo a la finca del primer edil. Además se ponía en duda la legalidad urbanística de la obra realizada sobre un solar sin urbanizar en aquel momento, y la petición de 92.000 euros a los fondos Proder con la justificación de que se iba a construir un alojamiento rural. La obra se hizo a través de una sociedad unipersonal del alcalde denominada Hotel Vistabella Palace y estaba presupuestada en 307.742 euros.

La lista continua en el juzgado número 1 donde es la concesión municipal a una empresa mediante subasta de suelo "rústico para uso hotelero" sin la supervisión de la Generalitat la base de una nueva denuncia. También incluye a varios de los concejales socialistas que formaban el equipo de gobierno en el anterior mandato. Según ésta, el 8 de agosto de 2005, y a propuesta de la Alcaldía, se adjudicaron 35.000 metros cuadrados a una empresa y se cede el uso de otros 45.000 por 50 años a la misma sociedad. Casi en el mismo acto administrativo se recalificaron de rústicos a urbanos las parcelas para un "complejo hotelero", sin que se tramitara el procedimiento para modificar su condición de no urbanizables.

En el marco de estas diligencias previas 3062/2006 un juez solicitó en febrero pasado, entre otros procedimientos, que declarasen en calidad de imputados los citados ediles que votaron a favor en el pleno de esa aprobación a Promociones Alicante Torrevieja S.L. A la imputación ya anunciada del alcalde, se suma la del actual concejal de Cultura y Barrios, José Espinosa Espinosa y Mari Carmen Grau Espinosa, que dejó su cargo de teniente alcalde en octubre de 2007. A éstas se añaden la de los ex ediles María Jesús Torres García, Juana Ortiz Ferrer, Maria Francisca Nortes Hernández y José Julián Sánchez Martínez. A cambio de esta tramitación el municipio obtuvo 2,1 millones de euros de la empresa constructora en concepto de licencias, que en un episodio poco claro el Ayuntamiento habría devuelto en parte a la empresa porque la Generalitat paralizó la actuación.

Y llegamos al juzgado número 2 donde podemos encontrar otra denuncia contra la Alcaldía. Esta vez el fiscal de Medio Ambiente a instancias del Seprona de la Guardia Civil es quien denuncia las presuntas irregularidades en la concesión de una licencia municipal para un huerto solar sobre 40.000 metros cuadrados. Casualmente a la empresa de la que es socio el marido de la actual teniente alcalde Inmaculada Martínez. En noviembre de 2006, la maquinaria invadió esta zona de pinar joven y monte bajo lo que motivó una inspección y la apertura de un expediente de la Conselleria de Medio Ambiente. La empresa tuvo que paralizar la obra porque no disponía de la declaración de interés que requiere este tipo de actividad en suelo sometido además a la figura de un plan especial en el Plan General.

Y es el juzgado número 3 el que tramita la que, de momento, es la última de las denuncias conocidas, decretando el secreto de sumario en abril de 2008 sobre unas diligencias efectuadas a instancias de una denuncia del PP relacionada con la operación que medió para la adquisición y transmisión, por parte de particulares, de una finca de 26.000 m2 que, en un principio, figuraba como patrimonio municipal de suelo.

Alrededor de esta frenética actividad judicial se sitúan además continuas ampliaciones de denuncia contra el primer edil por no entregar documentación municipal en tiempo y forma.

En los últimos meses contra las cuerdas, Moya se ha defendido difundiendo los antecedentes penales por estafa de su otrora mejor amigo, y ahora principal enemigo Aurelio Murcia, portavoz del Partido Popular, además de distraer con rocambolescas historias sobre promotores locales en apuros por la crisis económica.