Un político con una cabeza privilegiada pero con muchas sombras en la gestión

P. ROSTOLL Hace apenas año y medio, José Joaquín Moya Esquiva era reelegido por séptima vez alcalde de Bigastro. Sin saberlo, ya estaba siendo investigado por su gestión en una Alcaldía que ocupa desde hace 25 años. Moya ya se había presentado como candidato, aunque sin éxito, en 1979. No fue hasta 1983 cuando se hizo con la alcaldía de su localidad, que ahora cuenta con unos 7.000 habitantes y que dispone de uno de los términos municipales con menor extensión de toda la provincia. Fue el arranque de la carrera política de este licenciado en Económicas nacido en 1950 con una fuerte personalidad que, a pesar de que fue perdiendo influencia tras dejar la Diputación en 1999, es uno de los dirigentes imprescindible del socialismo en los últimos treinta años.

Con fama de excelente estratega, buen orador y con una cabeza privilegiada para la vida política, como admiten sus amigos pero también sus enemigos, la actividad pública de Joaquín Moya, sin embargo, se ha visto salpicada en demasiadas ocasiones por las sombras de su gestión tanto en Bigastro como en la Diputación, institución en la que gestionó departamentos de gran peso como Fomento o Turismo; y también en el propio partido, donde ocupó durante años la secretaría comarcal de la Vega Baja, una de las agrupaciones socialistas con más afiliación de toda la Comunidad.

En 1982, con sólo 32 años, fue elegido diputado en el Congreso. Cuatro años después, al finalizar la la legislatura, Moya pasó al Senado. Pero apenas estuvo un par de años, hasta 1988, en la Cámara Alta. Su salida coincidió con la primera gran investigación que afectó a dirigentes socialistas, la Operación Nécora (Negocios Comarcales Rápidos), que derivó en el escándalo de la adjudicación de administraciones de loterías. El alcalde de Bigastro, entonces responsable del PSPV-PSOE en la Vega Baja, estaba en el epicentro de la polémica e, incluso, tuvo que emplearse a fondo para tratar de capear el temporal que se le vino encima. No sería la última vez que se vería envuelto en graves acusaciones políticas.

Años más tarde, a principios de la década de los 90, Joaquín Moya tuvo que hacer frente a las denuncias sobre el agujero económico que su gestión originó en el Patronato de Turismo, del que era responsable. Pagos de facturas sin consignar y un descontrol absoluto en las cuentas fueron algunas de las acusaciones de las que tuvo que responder. Pese a todo, fue de los alcaldes que aguantó el tirón en los comicios de 1995, cuando los socialistas perdieron la Generalitat. Instalada la guerra interna del PSPV, el primer edil de Bigastro se alineó con el sector que, finalmente, acabó con Joan Romero como secretario de los socialistas valencianos. El mandato 95-99 sería el último, ya en la oposición, que pasaría en los despachos del Palacio Provincial. Fueron cuatro años de constantes enfrentamientos con el portavoz Antonio Mira-Perceval.

Desde entonces, se dedicó, en exclusiva, a su gestión en el Ayuntamiento de Bigastro, duramente criticada por una oposición del PP que no ha dudó en llevarlos sistemáticamente al juzgado. Aunque con menos poder, siempre mantuvo su actividad dentro del PSPV. Su participación fue clave en la rebelión de ediles socialistas de 2003 y en el último congreso, hace menos de un mes, apoyó a Francesc Romeu para la secretaría general. Una imagen que, seguramente, no se repetirá.