La Guardia Civil detiene al alcalde de Bigastro por corrupción urbanística

P. CERRADA / M.GALLEGO La Guardia Civil de Alicante detuvo ayer a uno de los alcaldes más veteranos de la provincia, el socialista José Joaquín Moya -quien lleva al frente del Ayuntamiento de Bigastro un cuarto de siglo- por su presunta implicación en una serie de supuestas irregularidades urbanísticas cometidas en este municipio de la Vega Baja. Moya fue arrestado junto con el secretario municipal, Antonio Saseta, y a dos empresarios y entre los delitos que se le imputan figuran los de malversación de caudales públicos, cohecho y contra la ordenación del territorio. Las detenciones se realizaron tras una investigación abierta en 2004 por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Almoradí y los cuatro implicados han pasado la noche en calabozos de la Benemérita después de que los investigadores registraran durante varias horas la vivienda y el despacho del primer edil. Las investigaciones se centran ahora en localizar el patrimonio inmobiliario y las cuentas bancarias de José Joaquín Moya, que ha sido suspendido cautelarmente de militancia en el PSPV.
Esta operación de la Guardia Civil, que arranca de una subasta de suelo municipal en zona verde para la construcción de naves industriales, se ha desencadenado una semana después de otra efectuada por la Policía Nacional en San Fulgencio, que aún sigue abierta tras las detenciones del primer teniente de alcalde, del edil de Seguridad, del jefe de la Policía Local y de otra persona apresada en Valencia. Ambos casos están dirigidos por la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, que también instruye la llamada "operación Brugal", por la que estuvo preso el empresario Ángel Fenoll.
Todas las detenciones se produjeron ayer por la mañana. La del alcalde, hacia las 11.15 horas en su despacho del Ayuntamiento y la del secretario municipal, unos minutos después. A este último se le acusa de un delito de falsedad documental en relación a unas certificaciones y ambos fueron conducidos al cuartel de Jacarilla, donde permanecieron incomunicados hasta que se les trasladó a la una del mediodía. El secretario fue conducido a la Comandancia de Alicante y el primer edil, hasta su domicilio particular, donde se realizó durante más de dos horas un registro judicial en busca de documentación. Pese a que la vivienda se encuentra a escasos cincuenta metros de la Casa Consistorial, el traslado de Moya hasta su despacho fue realizado en un coche de la Guardia Civil custodiado por más de una decena de agentes.
Antes de entrar en el Ayuntamiento, Moya respondió con un escueto "que van a registrarme" a la pregunta de qué pasaba formulada por los periodistas. Minutos antes, cuatro guardias civiles entraron en el Consistorio, donde mantuvieron una conversación con la primera teniente de alcalde, Inmaculada Martínez, y con el edil de Urbanismo, Raúl Valerio. El registro se prolongó durante cuatro horas y se centró en la busqueda de documentación. Una vez finalizado el alcalde fue trasladado hasta la Comandancia de Alicante. Antes de subirse en el vehículo de la Guardia Civil, el regidor, que en ningún momento se le vio esposado, se dirigió a unos doscientos ciudadanos congregados frente al Ayuntamiento y a la treintena de personas que profería gritos de apoyo les pidió silencio, llevándose un dedo a los labios.
Mientras se realizaban los dos registros, los dos empresarios detenidos por la mañana permanecieron recluidos en los calabozos del cuartel de Almoradí. Los detenidos son Manuel N.H. y José P., que presuntamente habrían cometido cohecho. Uno de ellos es hermano de una ex edil socialista que está imputada en otra causa abierta por una adjudicación de parcelas rústicas en el paraje de La Pedrera.
La operación coincidió con la visita de la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares, y del coronel jefe de la Guardia Civil, Antonio Bernabé Castro, a las obras de la nueva casa cuartel de Almoradí. Llinares confirmó las cuatro detenciones y destacó que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad trabajan con eficacia y no distinguen personas cuando hacen su trabajo". La subdelegada añadió que serán "los jueces los que determinen el grado de implicación" de los arrestados, aunque precisó que las detenciones se han realizado "por presuntas irregularidades en temas urbanísticos".
El secretario local del PP de Bigastro, José Antonio Ricart, afirmó ayer que la detención del alcalde se ha producido como consecuencia de una de las denuncias que han interpuesto los populares por posible delito urbanístico. "El PP ha interpuesto seis denuncias penales y muchas más por la vía contencioso-administrativa, pero todas ellas por presuntos delitos urbanísticos", reiteró Ricart.
En la elaboración de esta información han participado también Manuel Alarcón, David Pamies y Eduardo de Gea.