F. J. B.
La ministra de Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, se desmarcó ayer de la polémica generada por la tramitación del Estatuto de Castilla-La Mancha que fija la caducidad del trasvase Tajo-Segura para el año 2015 en su encuentro con el presidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel. Espinosa recibió un informe jurídico de 101 folios que defiende la vigencia del trasvase hasta 2055, esto es los 75 años de vida que se estimaron cuando se puso en marcha hace 28 años. No obstante, la ministra sólo se comprometió a remitirlo hoy a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados afirmando que "en estos momentos es el Congreso el que tiene que dictaminar ese artículo concreto donde se propone la derogación del trasvase", según declaraciones recogidas por Europa Press.
Espinosa admitió que el Gobierno es consciente de la necesidad de llegar a un pacto del agua que tendrá como base estudios sobre cada cuenca para solucionar a medio y largo plazo las necesidades de agua de las zonas deficitarias "siempre consensuado con todos los agentes implicados", subrayó.
En cuanto a las otras posibilidades planteadas por Valcárcel para hacer llegar agua a la cuenca de Segura, Espinosa subrayó que "a día de hoy el Ministerio sólo tiene encargado un estudio de viabilidad, y es el del Ródano". La responsable de la política hídrica del Gobierno dijo que sobre este proyecto (Ródano) no se habló durante la reunión "ni medio minuto" y aún menos sobre una nueva infraestructura en el Tajo-Medio, que simplemente "se citó" en la conversación sin que fuera el momento ni el lugar para discutir dicho proyecto. La opción del trasvase del Ródano que estudia el Gobierno abriría la puerta a la transferencia de aguas del Ebro, aunque ésta sea hoy un tema tabú para el Ejecutivo central.