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VICTORIA BUENO La Administración educativa no presenta visos de ceder un palmo a las reclamaciones de profesores y padres de alumnos que piden mejoras en la actual política educativa. Ayer mismo se dio una vuelta de tuerca más a la situación ya generada en los centros con la imposición de dar la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en inglés, al dar a conocer a los sindicatos las instrucciones para este curso sobre la renovación de los cargos directivos.
La normativa contempla que los directores que deseen renovar su cargo para los próximos cuatro años -según la previsiones de Educación hay 250 centros en estas circunstancias en la Comunidad, 87 de ellos de la provincia de Alicante (19 de la Vega Baja, 21 de l'Alacantí, 10 del Medio y Alto Vinalopó, 14 del Bajo Vinalopó, 11 de l'Alcoyá, 6 de la Marina Alta y otros tantos de la Marina Baja)- tendrán que ser evaluados por el inspector de su centro. Para superar el examen que les revalide en el cargo tendrán que obtener un positivo en la totalidad de los once criterios fijados por la normativa de Educación desde hace dos años. Ayer mismo, verbalmente, el director general de Personal señaló a los representantes sindicales que "con uno sólo de los criterios que resulte con un negativo por parte del inspector, ese director no superará la evaluación", informó un delegado del STEPV.
Entre los criterios a valorar por la inspección figura el de la "colaboración con los órganos de la administración educativa en todo lo relativo al logro de los objetivos educativos del centro". Para el STEPV resulta "evidente la nueva presión que se ejerce sobre los directores en unos momentos en que se están pronunciando en contra de la orden de EpC en inglés. A ver quién da el paso adelante y decide que en su centro no se imparte en inglés si le toca renovar en el cargo...". La misma formación advierte que va a recurrir la resolución "porque sólo contempla la intervención de la Administración educativa y se desvía de la LOE que pretende que los candidatos idóneos para la dirección de los centros obtengan el respaldo de la comunidad educativa".
La resolución de la conselleria la circunscribe al inspector de centro y a una comisión provincial nombrada por los directores generales, el director territorial y el inspector jefe. Desde la conselleria consideran que se tiene en cuenta tano al personal de la Administración como de las direcciones de centros y que la única variación a la normativa vigente incluye "más objetividad y concreción". Sin embargo Fete y CC OO también exigen que se cambie y volvieron a abandonar la mesa al no recibir respuestas a la petición de retirada de EpC en inglés y de las sanciones.
El conseller Font de Mora insistió ayer en que "obviamente" no se va a retirar la orden y, tras autodenominarse irónicamente en dos ocasiones "Fountain of the Blackberry", apostilló que siendo quien más ha durado en el cargo "estoy acostumbrado a que las críticas no respondan a los hechos, pero tengo la obligación de atender los deseos de la mayoría porque sino el PP no habría obtenido los resultados electorales que tuvo. Estamos legitimados para ejecutar nuestro proyecto político", dijo.
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