PERE ROSTOLL. VALENCIA
María Dolores de Cospedal se evitó este fin de semana el sofoco de presentarse para participar en el congreso autonómico del PP que ayer reeligió casi por unanimidad a Francisco Camps como líder. Pero los oídos de la número dos del PP, en cualquier caso, seguro que le pitaron. Los populares valencianos no dejaron ni un resquicio a la duda y plantaron cara a De Cospedal, que hace menos de una semana defendió en el Congreso de los Diputados el nuevo texto del Estatuto de Castilla-La Mancha en el que se incluye cerrar el grifo del Tajo-Segura. Los documentos que marcarán la estrategia del PP a lo largo de los próximos cuatro años en materia de agua e infraestructuras y el propio Francisco Camps explicitaron no sólo una defensa clara del trasvase sino la obligación que tienen todos los cargos públicos populares de reivindicar la continuidad de una conducción imprescindible para el abastecimiento de Alicante.
Esta segunda cuestión, además, para evidenciar en público y todavía más el disgusto del PPCV -la principal organización territorial del partido- con María Dolores de Cospedal se introdujo a través de una enmienda que defendió el portavoz adjunto en las Cortes y diputado por Alicante, Rafael Maluenda. Fue la ilicitana Mercedes Alonso, redactora de la ponencia "Sí a la vida", en todo caso, la que plasmó la posición del PP en este asunto. "Queremos asegurar la permanencia del trasvase Tajo-Segura en los términos vigentes", subrayó Alonso
Los populares remataron esa defensa inequívoca a favor del Tajo-Segura durante el debate de la ponencia "Sí al futuro", coordinada por María José Català, alcaldesa de Torrent. En este documento, se introdujo una enmienda de Rafael Maluenda en la que exigía a todos los cargos del PP la defensa del Tajo-Segura. Se aceptó. A buen entendedor... El propio Camps, durante la intervención para presentar su candidatura, reiteró su compromisó de reclamar el agua como parte esencial de la labor del nuevo ejecutivo. "Sí al trasvase del Ebro, sí al Júcar-Vinalopó y sí al Tajo-Segura", aseveró el presidente de la Generalitat ante un plenario enfervorizado. Hasta en uno de los múltiples vídeos que se emitieron durante la jornada, los populares reivindicaron la conexión hídrica con la voz y la imagen de Eva Ortiz, edil en Orihuela.
Posteriormente, a micrófono cerrado, la cúpula popular trató de quitar hierro a la polémica con De Cospedal y ratificaron que la número dos de Mariano Rajoy aceptará que, durante la tramitación parlamentaria del Estatuto manchego, se elimine tanto la fecha de caducidad del trasvase como la propuesta de que Castilla-La Mancha emita un informe vinculante cada vez que se realice un desembalse hacia las comarcas alicantinas. En todo caso, está por ver qué ocurre durante las siempre complicadas negociaciones, como reconocía un experimentado parlamentario, que se abrirá en el Congreso sobre el texto.
En un congreso en el que todos los documentos programáticos se aprobaron con el voto unánime de todos los compromisarios, la ponencia redactada por Mercedes Alonso también llamó la atención sobre la necesidad de ejecutar el Júcar-Vinalopó con una solución que satisfaga a los usuarios -vía enmienda se introdujo la apuesta del PP, conforme a las directrices de la junta de usuarios, de construir una toma de agua en el Azud de Antella-; e, igualmente, de recuperar la conexión desde el Ebro.
La ponencia de la dirigente del PP ilicitano era la que más calado tenía al incluir referencias a Educación para la Ciudadanía (EpC). En plena polémica sobre la decisión del Consell de impartir la asignatura en inglés, el PPCV decidió ayer explicitar en una de las cuatro ponencias que se debaten en el congreso, su rechazo frontal a Ciudadanía. "No queremos que se imparta EpC porque estamos en contra de cualquier adoctrinamiento ideológico", apuntó la ilicitana Mercedes Alonso, ponente y que, a partir de ahora, será la coordinadora de la acción política del PP en esta materia.
El documento, de todas maneras, pasa de puntillas sobre la decisión de dar las clases de esta asignatura en inglés. En ningún momento cita de forma explícita esa decisión aunque sí defiende la política del Consell de Camps de realizar una apuesta decidida por el "trilingüismo" y, por tanto, a favor de la enseñanza en inglés. Los populares, explicó Alonso, creen necesario que no sólo se extienda la educación en inglés para los alumnos sino que, además, también quieren formar a los profesores para evitar, sin ir más lejos, los problemas que están surgiendo con las clases de EpC.
El tono general de las ponencias, en todo caso, es la crítica a Zapatero y, especialmente, la demanda de un nuevo modelo de financiación que reconozca el incremento de población de los valencianos. Por ejemplo, la ponencia de Mercedes Alonso critica la falta de fondos para la Ley de Dependencia y pide un gran pacto en esa materia. El texto de María José Català, por su parte, carga contra las recetas económicas de Zapatero y elogia la gestión del Consell a la hora de impulsar su apuesta por los grandes eventos y el turismo de calidad. La ponencia coordinada por la alcaldesa de la Vall d'Uixó, Isabel Bonig, la más aplaudida de la jornada, se centró en cuestiones identitarias y hace una apuesta por el nuevo Estatuto aprobado el año pasado o por la defensa del valenciano aunque reconociendo los derechos de los castellano-parlantes.
Una de las medidas más novedodasas que contemplan los documentos que marcarán la estrategia del PP, sin duda, es la petición para que se amplie el permiso de maternidad de 16 a 18 semanas dentro de un amplio paquete de medidas de apoyo a las familias.
El conseller Mario Flores ficha como militante popular
El alicantino Mario Flores, conseller de Infraestructuras, aprovechó el congreso autonómico de los populares para formalizar su ficha como militante del PP. Flores, hasta las elecciones autonómicas de 2007, ocupó la presidencia de la Autoridad Portuaria de Alicante y, tras los comicios, fue uno de los grandes fichajes de Francisco Camps.
Catorce conflictos
También intervino en la sesión inaugural, el presidente del comité de garantías, Juan Rodríguez Marín, que cifró en catorce, los conflictos locales registrados desde 2004 aunque eludió hablar, por ejemplo, de las disputas en la agrupación de Elche.