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M. D. El Pleno municipal aprobó ayer por unanimidad una moción suscrita por el PP y el PSOE en la que se pide al Gobierno central y al Consell que expresen su apoyo a los trabajadores de Altadis y que rechacen el cierre, al tiempo que resalta que el Ayuntamiento "ha cumplido íntegramente" sus compromisos con la mercantil, mientras que ésta "ha incumplido" con el convenio firmado en 2000 para que no se trasladara su actividad de la ciudad. Miembros del comité de empresa de Altadis asistieron al pleno para respaldar la moción.
Ambos grupos municipales apoyaron la moción en la que el Ayuntamiento pide al resto de administraciones que se "sumen a esta moción, presentando declaraciones y mociones similares en apoyo de la plantilla de trabajadores y rechazando el cierre de la fábrica en Alicante".
El Ayuntamiento manifiesta en la moción "su rotunda oposición al cierre de la fábrica de tabaco de Altadis" y declara que dicho cierre "lesiona gravemente el tejido industrial del municipio y conlleva graves consecuencias para el empleo industrial en al ciudad".
En el caso de que la actividad cese finalmente, el Ayuntamiento "ejercitará todas las acciones administrativas y judiciales que a su derecho convengan para exigir el cumplimiento íntegro del convenio por parte de la mercantil Altadis", tal y como ya anunció la alcaldesa, Sonia Castedo.
También en materia laboral el pleno aprobó el convenio que equipara al personal de La Alcoyana con Masatusa, aunque la aprobación definitiva corresponde a la Generalitat, a quien se remitirá el documento. Miembros del comité de empresa de La Alcoyana respaldaron con su presencia el documento.
En el turno preguntas, la edil socialista Loles Fernández preguntó sobre las actuaciones de la Gerencia de Urbanismo respecto al edificio de Riviera Invest, cuyos máximos responsables fueron detenidos en el Aeropuerto de Alicante como presuntos autores de delitos de estafa.
Loles Fernández denunció que en la Gerencia de Urbanismo se le ha negado el acceso al expediente y que "luego se nos dijo que se nos daba completo pero faltan documentos".
La edil socialista afirmó que Riviera ha efectuado obras en el edificio situado en una parcela escolar de la avenida de la Albufereta, que anteriormente era el Liceo Francés, y está ejerciendo la actividad, ambas actuaciones de forma ilegal puesto que se le denegó la licencia municipal el 1 de agosto del pasado año, e incluso el 28 de noviembre de 2007 se le desestimó el recurso de reposición contra la denegación de la licencia. Loles Fernández denunció que pese a que la brigada de Aperturas comprobó la ilegalidad, no le consta que se haya sancionado a Riviera. También comentó que el proyecto fue redactado por el arquitecto al que posteriormente se le encargó la redacción del PGOU, Jesús Quesada. Para el PSOE "es esta ciudad se aplica la ley para unos y para otros se hace la vista gorda".
La respuesta del PP no la dio la alcaldesa y edil de Urbanismo, sino la portavoz del PP, Marta García Romeu, quien indicó que a la empresa se le ha abierto expediente en septiembre y que tiene dos meses para contestar. Además, la edil del PP preguntó al PSOE si la sede socialista en Pintor Gisbert tiene licencia de actividad, dando a entender que también el PSOE incumple la legalidad.
En cuanto a una propuesta del edil socialista Manuel de Barros para anular la orden que obliga a que la asignatura de Educación de la ciudadana se traduzca al inglés, fue rechaza por el voto de calidad de la alcaldesa al producirse un empate a 14 votos por haberse ausentado José Joaquín Ripoll.
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