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VICTORIA BUENO Aunque oficialmente en la conselleria el mutismo es absoluto al respecto, algunos de sus técnicos habrían hecho llegar a representantes sindicales de la enseñanza que el servicio jurídico de Educación está tratando de elaborar una nueva normativa con la que salvar el escollo que suponen las actuales instrucciones, dada la ausencia de competencia entre los profesionales de Inglés para impartir una materia que les es ajena a la que les acredita como docentes y que no es otra que el propio idioma inglés.
De esta forma se daría expresamente a los profesores de Inglés la citada competencia sobre Ciudadanía, pese a que no lo contempla así la LOE o ley estatal de Educación, que la atribuye al profesorado de Filosofía y de Ciencias Sociales -Geografía e Historia-. Los sindicatos consultados por este diario coinciden en señalar que es precisamente esto lo que buscan desde la Conselleria de Educación: la forma de salvar la normativa estatal para asignar la atribución docente de la asignatura de Ciudadanía a los profesores de Inglés.
El último anuncio de la Conselleria de Educación sobre unas próximas "instrucciones complementarias" -serían las terceras- con el propósito de aclarar a los directores de los institutos la forma de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía tras la imposibilidad expresada por este colectivo a través de sus representantes en la Asociación de directores de la Comunidad, Adies-PV, deja en entredicho que el modo en que se está aplicando sea adecuado y deja entrever la urgencia que tiene el Consell por evitar nuevas suspensiones de la norma por parte de los jueces.
Desde Fete-UGT acusaron ayer a la conselleria de "dar bandazos" en la puesta en marcha de la asignatura, tanto en las instrucciones como en los profesores previstos para impartirla. La plantilla inicial era de más de 300 docentes "y si la cuestión de las instrucciones es zigzagueante, lo son también los recursos humanos a utilizar. En la reunión con los portavoces se nos dijo que, dado que no se va a impartir de momento la opción B -la del trabajo con temarios escogidos por los padres-, se utilizan los recursos humanos de los centros para completar la opción A, pero sin recordar que tenían previsto contratar, como mínimo, profesorado para la mitad de horas de la opción B".
Este sindicato sostiene la previsión de "un total de 307 profesores para la puesta en marcha de EpC, cuando si se hubieran seguido los planes de los centros nunca habrían sido necesarios". Fete-UGT concluye que todo esto "pone de manifiesto la intención política de seguir hacia adelante a cualquier precio, modificando sobre la marcha una patraña envuelta en falsa innovación para censurar el contenido de EpC y boicotear su enseñanza".
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