La Audiencia se suma a las protestas de jueces y secretarios para pedir medios

J. A. M. La Audiencia Provincial se ha sumado a los actos de protesta convocados para el próximo 21 de octubre para reivindicar más medios humanos y materiales para los juzgados, según confirmó este diario en fuentes judiciales. La iniciativa ha sido propuesta en una reunión nacional de presidentes de audiencias provinciales de toda España, que se comprometieron también a sumarse a estas protestas. La reunión de los magistrados ha sido convocada para el próximo 21 de octubre a las doce del mediodía con el objetivo de analizar la falta de medios. Según las fuentes consultadas por este diario, para esa jornada apenas hay juicios señalados, por lo que no entorpecerá el ritmo de trabajo de la Audiencia. En este encuentro, los magistrados prepararán un documento en el que explicarán la situación de la Audiencia y el fuerte incremento de la carga de trabajo que se ha producido en los últimos años. El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, señaló que a veces no es tanto la cantidad de los asuntos que se registran, sino también su calidad. "Muchas veces se trata de casos muy complejos, por delitos violentos o de bandas de crimen organizado que pueden mantener paralizada una sección de la Audiencia más de una semana para el juicio".
Con esta iniciativa, la Audiencia se suma al compromiso adoptado en los juzgados de Benalúa, donde los secretarios judiciales harán un paro de tres horas para denunciar la carencia de medios, en una convocatoria para toda España. Los magistrados de Benalúa, aprovechando estos momentos en que tendrán el juzgado paralizado por la falta de secretarios, han convocado su propia junta de jueces para ese día en la que abordará el problema de la falta de medios. Las protestas en la Administración de Justicia se han desencadenado a raíz del expediente sancionador contra la secretaria del juzgado de lo Penal número de 1 de Sevilla por el caso de Mari Luz Cortés. En reiteradas ocasiones, los magistrados han hecho constar su desacuerdo contra estas acciones disciplinarias, porque achacan la situación a la falta de recursos de la Administración, al tiempo que alertan que esa misma situación puede repetirse en cualquier juzgado de España.