CLARA R. FORNER
La Plataforma en Defensa del Puerto anunció ayer que presentará, con el apoyo de Esquerra Unida y, quizás, de Esquerra Republicana, recursos contra la licencia que se ha concedido o las que se vayan a otorgar a las cinco cementeras que solicitaron licencia para construir silos en la zona de ampliación del Puerto.
La Plataforma celebró anteanoche una asamblea a la que asistieron representantes de los dos partidos citados. El PSOE también estaba invitado, pero no no acudió al encuentro, según la información facilitada ayer por el portavoz de la plataforma, Eliseo Fernández Daza. También estuvieron presentes las Asociaciones de Vecinos de Gran Vía Sur-Puerto, San Gabriel, Benalúa y Virgen del Remedio Bajo, más las Plataformas Renfe, de Iniciativas Ciudadana y de Afectados contra la Telefonía Móvil.
Eliseo Fernández señaló que se va a acudir al contencioso administrativo contra las citadas autorizaciones por "el gravísimo impacto ambiental" que temen produzcan los silos y porque "crearían una barrera de cemento entre el litoral sur y el mar". Además, en "el proceso de aprobación de la licencia" otorgada a la mercantil Cimsa, la primera que obtuvo el permiso, "se han cometido importantes irregularidades en el fondo y la forma", apuntó el portavoz, por lo que espera que los tribunales anulen la concesión.
Fernández afirmó que Esquerra Unida ha anunciado que presentará uno de los cinco recursos, con el objetivo de compartir gastos, y que Esquerra Republicana también estudia la posibilidad de plantear otro. También las asociaciones de vecinos les apoyarán.
La plataforma desconoce si el PSOE les respaldará en este sentido pues apunta que "fue convocado pero, por las circunstancias que fuere, no asistieron". En todo caso, la concejala socialista Aurora Gómez expresó ayer a través de un comunicado la oposición de su grupo municipal a la nueva concesión de licencias a los silos pues apunta que se desconoce la repercusión que tendrán para el medio ambiente y la salud de los alicantinos. La edil de la oposición acusa a la alcaldesa Sonia Castedo de incumplir la palabra que dieron ella y el ex alcalde Luis Díaz Alperi de rebajar la altura de estas construcciones y de elaborar un informe ambiental.
Apelación
Mientras tanto, Biodiésel Alicante ha presentado dentro del plazo autorizado el recurso de apelación contra la sentencia que daba la razón al Ayuntamiento al denegar la licencia para instalar una planta de producción de este producto en el Puerto. Fuentes próximas al caso apuntaron que la mercantil se reafirma en sus planteamientos anteriores e insiste en reclamar una indemnización de más de cuatro millones de euros. Ahora será el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el que deberá pronunciarse.