Barreda amenaza con retirar el Estatuto si el Congreso «lo devalúa»

J. A. BLAY / REDACCIÓN La tensión generada por el contenido del proyecto de ley de reforma del estatuto de Castilla-La Mancha, que contempla la extinción del trasvase Tajo-Segura para el año 2015, desembocó ayer en un hecho totalmente inusual en la Cámara baja: la ruptura de la disciplina de voto por parte de dos diputados del grupo parlamentario popular, en ambos casos electos por la circunscripción de Murcia, y de Rosa Díez, de Unión por el Progreso y la Democracia. Finalmente el texto se tramitará después de ser aprobado por 315 votos a favor -entre ellos todos los de los diputados populares y socialistas por Alicante- y tres en contra.

Este incidente no impidió que la Cámara aprobara la toma en consideración -iniciar la tramitación por las Cortes Generales- del texto remitido por el parlamento castellano-manchego, con el respaldo de socialistas y populares, que fue defendido en el hemiciclo por el presidente autonómico, José María Barreda, y los portavoces del PSOE y del PP en el parlamento regional.

Salvo los dos votos negativos citados, a los que se sumó la diputada de UPyD, Rosa Díez, no hubo ninguna otra incidencia entre los parlamentarios de la Comunidad Valenciana y Murcia, tanto socialistas como populares. Los parlamentarios murcianos Arsenio Pacheco y Alberto Garre justificaron su voto por motivos "de conciencia y en contra de la propuesta de extinción del trasvase Tajo-Segura".

En el desarrollo del debate no hubo sorpresas, salvo el tiempo que dedicó el presidente Barreda a la cuestión del agua, que ocupó más de la mitad de su intervención en el hemiciclo. Un aspecto que incomodó sobremanera tanto a la bancada socialista como a la del PP, especialmente a los diputados de la Comunidad Valenciana como a los murcianos.

"Ha sido totalmente gratuito", dijo a este periódico un diputado del PSPV. Por su parte, el portavoz popular en la cámara, Arturo García Tizón -ni Sáenz de Santamaría ni De Cospedal intervinieron en la sesión-?? curiosamente diputado por Toledo, llegó a calificar a Barreda de ser insolidario, lo que provocó una réplica del presidente castellano-manchego. García Tizón le insistió: "Ha sido una provocación".

El presidente Barreda sostuvo que en Castilla-La Mancha "no hay agua para todos ni para todo" por lo que reclamó el derecho preferente de los recursos hídricos "para garantizar el desarrollo futuro de la región". "Si sobrase agua no tendríamos ningún inconveniente", agregó antes de recordar que el nombre de una de las comarcas de la comunidad, La Sagra, "tiene su origen toponímico en la palabra Sáhara". Tras insistir en la racionalidad de la extinción del trasvase Tajo-Segura, que vinculó a un aumento de recursos hídricos "para el Levante con la desalación y la mejora de regadíos", dejó para el final una declaración amenazante: "Si el texto fuera modificado sustancialmente sin que los intereses de Castilla-La Mancha se vean reconocidos, antes que permitir que se apruebe un Estatuto devaluado pediré a las Cortes de Castilla-La Mancha que lo retiren. Y seguiremos luchando".

No obstante, agregó una nueva frase: "Se inicia un proceso que debe concluir con un buen acuerdo para todos". Unas palabras que fuentes cercanas a su Gobierno consideraron conciliadoras aunque no concretaron si contempla la eliminación de la fecha de 2015 que PSOE y PP tienen ya decidida.

Por otro lado, desde el Consell se aseguró que no hay dudas de que el artículo que fija la caducidad del trasvase se derogará.

María Dolores de Cospedal y su absoluta sordera

La "número dos" de Rajoy y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, líder de la oposición al presidente Barreda en Castilla-La Mancha, estuvo presente en el hemiciclo durante todo el debate -es senadora territorial por su comunidad- aunque no intervino. La tensión territorial acumulada en su partido, menos controlada que dentro del PSOE, recomendó que se mantuviese simplemente como "oyente". Sin embargo, esta cualidad se transformó en la sordera más absoluta al acabar la sesión parlamentaria. En una breve comparecencia ante los periodistas fue preguntada reiteradamente por la indisciplina de voto de dos diputados de su grupo político y de forma sistemática, para sorpresa de sus interlocutores, respondió una y otra vez con frases ajenas al asunto demandado hasta que su compañero en la dirección nacional del PP, el valenciano Esteban González Pons, consideró conveniente alejarla del lugar.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE exigió tras el debate al Gobierno que garantice "la continuidad del trasvase Tajo-Segura" frente a la intención de Castilla-La Mancha de ponerle "fecha de caducidad", tal como se tramita desde ayer.

"Nuestros diputados nos han traicionado"

Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante y del comité de crisis del Segura, agradeció ayer el voto en contra de la tramitación del Estatuto de Castilla-La Mancha de los dos diputados del PP de Murcia y de Rosa Díez -Unión Progreso y Democracia-, "frente a la traición del resto de diputados de Alicante, Murcia y Almería que se han sometido a la disciplina de partido y han dejado que sean otros los que hayan defendido la dignidad de los agricultores alicantinos". Urbina se reafirmó en las acusaciones de "traidores" a la provincia de los diputados alicantinos que votaron a favor de la tramitación "que han vuelto a demostrar que solo les interesamos cuando nos piden el voto". Horas antes, el propio Manuel Serrano, presidente de Riegos de Levante, tuvo ocasión de "cantarle las cuarenta" a Federico Trillo, al que espetó en Madrid que mientras él cobra todos los meses, los agricultores llevan "cuatro años sin recibir agua de riego".

Caras largas durante las cinco horas de autobús desde Murcia. De esta forma afrontaron los cerca de 50 regantes del Sindicato Central del Acueducto Tajo Segura el viaje hasta el Congreso de los Diputados, en Madrid. Al pie de la entrada al Parlamento, en Madrid, les esperaban, entre otros, el vicepresidente del Sindicato, el ilicitano Manuel Serrano, el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, el diputado murciano del PP Alberto Garre, así como los parlamentarios socialista Javier Mármol y Sara García. Sin rastro del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. "Nuestros políticos no han estado a la altura", lamentaron. En el registro del Congreso se presentaron las 120.000 firmas en contra.