El PSOE borrará del estatuto manchego la caducidad del Tajo-Segura en 2015

JUAN ANTONIO BLAY. MADRID La tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley de reforma del estatuto de Castilla-La Mancha eliminará de su texto la "etiqueta" en la que figura la fecha de caducidad para el trasvase Tajo-Segura, propuesta para el año 2015. En realidad, lo que desaparecerá de la redacción original remitida por el parlamento regional es la referencia temporal concreta que figura de la disposición transitoria primera.
Ésa es la decisión política adoptada ya por la dirección del grupo socialista y en el seno del Gobierno que preside Zapatero, aunque fuentes oficiales de ambas instancias se muestran remisas a hacerla explícita en estos momentos para no enconar más la tensión previa existente con el Ejecutivo autonómico que preside el socialista José María Barreda en este asunto.
El texto del proyecto de ley para la reforma del estatuto de Castilla-La Mancha comenzará a debatirse en la Cámara baja el próximo martes con el debate por el pleno de su toma en consideración, trámite que superará sin ninguna complicación. A partir de ese momento se abrirá un periodo de presentación de enmiendas para su discusión en el seno de la comisión Constitucional.
El texto será defendido en esa sesión por el propio presidente Barreda en solitario pese a que salió del parlamento autonómico con el consenso entre PSOE y PP. En otras ocasiones similares, fueron los representantes de las formaciones políticas que suscribieron el texto de las reformas estatutarias quienes intervinieron ante la cámara. En la reforma del Estatut fueron Serafín Castellano (PP) y Joan Ignasi Pla (PSPV).
"Estamos trabajando dentro de nuestro grupo", se limitó a decir ayer el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, al ser preguntado por este asunto. Alonso, que adelantó que será él quien intervenga en nombre de su grupo, tan solo agregó lacónicamente: "Nuestra política (sobre el agua) es coherente. No habrá problemas".
Este portavoz negó que "por el momento" haya mantenido contactos con su homóloga en el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, para arbitrar una estrategia conjunta ya que se da por descontado que será en el trámite de las enmiendas cuando se cambiará la actual redacción.
Fuentes socialistas reconocieron las fuertes suspicacias que existen en torno a la referencia explícita al año 2015 para que finalicen los aportes de agua que facilita el trasvase Tajo-Segura. "El problema radica en cómo encontrar una salida airosa para Barreda, pero en ningún caso pasa por mantener la referencia de una fecha de caducidad", dijeron a este diario otras fuentes socialistas.
El propio Alonso ha recibido ya "el mensaje claro del PSPV y de su nueva dirección política encabezada por Jorge Alarte de oposición firma a mantener la fecha que figura en el texto de la reforma estatutaria", agregaron fuentes parlamentarias del PSPV. La propia vicepresidenta Fernández de la Vega habría sido informada en el mismo sentido en su reciente estancia en Valencia.

Una disposición compuesta de cinco apartados

El texto de la reforma del estatuto castellanomanchego contempla en su disposición transitoria primera, compuesta de cinco apartados, la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura: el año 2015. En el primero de ellos se afirma que "los poderes públicos del Estado y de Castilla-La Mancha velarán para que (...) el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reduzca progresivamente a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto hasta su definitiva extinción, que en todo caso se producirá en 2015 (...)". En los siguientes apartados se vuelve a hacer referencia a esa temporalidad para incidir en la prioridad de Castilla-La Mancha en los caudales susceptibles de trasvasar y en la participación de sus órganos institucionales en la toma de decisiones sobre esa infraestructura "hasta tanto se produzca la definitiva extinción del Trasvase Tajo-Segura (...) en su proporción a su extensión territorial".
En otro de los puntos de esta disposición transitoria, se establece que "los poderes públicos del Estado y de Castilla-La Mancha velarán" por los destinos del agua trasvasada a la cuenca del Segura con el fin de garantizar "la ordenación y reestructuración de los usos del agua, especialmente el regadío, de acuerdo con la oferta de agua disponible en la cuenca hidrográfica del Segura".