EFE
"Me siento defraudada", ha afirmado la alcaldesa, Sonia Castedo, minutos después de concluir la reunión que ha mantenido en Alicante con el director general de Altadis-España, José Manuel Núñez, con el fin de analizar el anuncio del cierre de la fábrica y el contenido del citado convenio como vía que evite la medida empresarial.
"Se ha celebrado -el encuentro- como no me hubiese gustado que se hubiese desarrollado, pues me han dicho que es innegociable", ha indicado Castedo en alusión a la decisión de Altadis de trasladar la producción de la fábrica de Alicante a sus instalaciones en Logroño.
El grupo Imperial Tobacco anunció el pasado mes de junio su plan de reestructuración e integración de Altadis, que prevé el cierre de la planta de Alicante, ubicada desde 2001 en el polígono industrial de las Atalayas y en la que trabajan 338 empleados.
El traslado de esta factoría al citado polígono, tras 200 años de actividad en unos terrenos ubicados en el casco urbano, fue posible merced a un convenio suscrito un año antes entre el Ayuntamiento y la dirección de la firma tabaquera.
A través de este acuerdo, las viejas instalaciones pasaron a ser propiedad municipal, Altadis fue compensada con la cesión de diferentes parcelas, valoradas en 13,2 millones de euros, y el traslado de la fábrica a Las Atalayas.
"El objetivo de aquel acuerdo era la permanencia de la actividad en la ciudad, y así lo contempla el convenio", ha asegurado Castedo, quien ha añadido que por permanencia se entiende "mucho más que seis o siete años".
En este sentido, ha destacado que el ayuntamiento cedió a la empresa patrimonio municipal de suelo "del mejor que entonces existía para conseguir que la fábrica se quedase en Alicante".
De hecho, algunas de las citadas parcelas, según recoge el citado convenio, están situadas en planes parciales próximos al litoral alicantino.
"Se entenderá que quiera dar determinados pasos, pues considero que se han causado daños y perjuicios al ayuntamiento y, en definitiva, a la ciudad de Alicante", ha manifestado Castedo, quien ha anunciado la adopción de medidas administrativas por parte del consistorio contra Altadis.
Aunque la alcaldesa ha reconocido que el convenio no contempla un periodo mínimo de permanencia de la actividad tabaquera, sí ha considerado que "carece de sentido" que Altadis apunte problemas de rentabilidad económica "cuando sólo han pasado ocho años y ya ha sacado beneficio a los terrenos cedidos".
Castedo ha afirmado a los periodistas que los representantes de Altadis le han asegurado que la situación económica de la fábrica de Alicante es "ruinosa", puesto que en ella sólo se elaboran cigarrillos negros, cuyo consumo ha descendido en los últimos años.
"No tengo por qué dudar de que sea cierto, pero no es lo que tengo entendido por parte de los trabajadores", ha agregado Castedo, quien ha aseverado que el consistorio apoyará las reivindicaciones de los trabajadores afectados por el cierre.
En este sentido, ha informado de que Altadis ha ofrecido un proceso de prejubilación a los empleados mayores de 52 años y al resto la posibilidad de continuar su labor en la fábrica de Logroño.
Por su parte, el director general de Altadis-España, José Manuel Núñez, ha declinado hacer declaraciones al concluir la reunión.