La inspección se plantea objetar y no expedientar a docentes por Ciudadanía

VICTORIA BUENO A la Conselleria de Educación le ha salido una nueva oposición en su propia casa frente a la obligatoriedad de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en inglés. Los inspectores agrupados en la única asociación profesional de la Comunidad Valenciana, Adide-PV, advierten de que se están planteando ejercer la objeción de conciencia frente a dicha orden para evitar levantar actas y proponer expedientes contra profesores que "sabiendo que pueden ser sancionados, están convencidos de que es peor impartir la asignatura".
La presidenta de la asociación los últimos cinco años, Tudi Torró, y uno de los miembros del colectivo, Vicente Díaz, explican que la objeción de la inspección podría ser una respuesta frente a la premisa de Educación que, en su empeño por aplicar EpC en inglés, "pretende usarnos para violentar la conciencia profesional de los profesores que no se consideran preparados para implantar una asignatura de esa manera. Tampoco nosotros queremos hacer el ridículo y violentar nuestra deontología profesional yendo a empapelar a los profesores".
Para que estas diferencias con la política educativa del Consell no se traduzcan en objeciones desde la asociación de inspectores reclaman de la Conselleria de Educación "rigor en la formación para la enseñanza de las lenguas y que se aborden los problemas reales que tenemos en la educación". En la misma línea que el conjunto de las fuerzas sindicales de la enseñanza, las federaciones de padres de Alumnos, Escola Valenciana y el Movimiento por la Renovación Pedagógica, los inspectores opinan que la EpC en inglés "no es más que una cortina de humo que tapa realidades que no hacen ningún bien a la educación y a la escuela pública en particular", como subraya Torró. "Ni tenemos los profesores preparados ni los alumnos está preparados para abordar la asignatura de esta forma", sostiene. El argumento es el mismo en el que también insisten los profesores de Filosofía y Ciencias Sociales obligados a impartir la materia compartiendo aula con los de Inglés que deben traducir los contenidos de Ciudadanía.
Por eso, aunque admiten los inspectores que no pueden negarse a ir a los centros como ordenan las instrucciones de Educación, lo que no están dispuestos es a proponer expedientes porque eso implica "destinar a la inspección para actuaciones que chocan contra nuestra ética profesional. Se está haciendo daño al servicio, del que se va a desconfiar más con estas prácticas porque no somos comisarios políticos". Torró opina que se trata de "una instrumentalización política del Consell contra el Gobierno central, un subterfugio" porque tampoco se les han ordenado instrucciones similares para actuar en los colegios concertados "ni de visitarlos ni de hacer seguimiento sobre EpC" pese a la advertencia del conseller en Las Cortes de quitar el concierto al que no cumpla.
La presidenta de la asociación de inspectores, que agrupa a un tercio de estos funcionarios, admite haber preguntado por su cuenta en la concertada de su zona si imparten la asignatura en inglés "y me han dicho claramente que no, pero no he levantado acta porque los inspectores estamos comprometidos con la educación y colaboramos, lo que pasa es que estamos en el ojo del huracán y aparecemos como los malos de la película".
Junto a Vicente Díaz aboga por la "transparencia" de todas las actuaciones de la "inspección profesional" y animan al profesorado a perder el miedo y a plantearse igualmente la "objeción como compromiso con su profesión". Aunque el control figura entre sus funciones añaden las de "asesorar, hacer seguimiento, dinamizar e informar, nunca desde el punto de vista represivo. No somos cargos políticos ni designados, es un servicio en la carrera docente al que se accede por concurso de méritos o de oposición".
Sin embargo la imagen pública de la inspección resulta bastante negativa por la actuación de dos funcionarios en el Instituto Altaia de Altea que ya han propuesto una sanción grave por desobediencia a los profesores Cristina Manrique de Inglés y Rafael Martí de Filosofía. Desde Adide-PV achacan esta forma de proceder de "algunos" inspectores al "estilo personal de cada uno en su trabajo" y al "excesivo celo" mostrado ante unas instrucciones "que nunca antes habían sido tan minuciosas". También aseguran que entre los profesores de Filosofía a los que el conseller ha calificado de héroes por ofrecerse voluntariamente a impartir las clases en Inglés "confiesan que lo están dando en castellano. Esto demuestra que estamos en un toma y daca que está haciendo mucho daño a la escuela pública", concluyen.
Por otra parte, la profesora de inglés Cristina Manrique -que junto a un compañero se ha negado a impartir EpC en inglés en un instituto de Altea- matizó ayer que no plantea ningún reto ni desafío a la Conselleria de Educación, sino que cree que el Consell debe replantearse el expediente que les han abierto tras recibir los docentes el apoyo masivo de la comunidad académica.