Un paso hacia atrás

VICTORIA BUENO Alejandra todavía no ha reanudado las clases este curso en el colegio concertado San José Hijas de la Caridad y la regresión que esto le provoca en su proceso educativo viene ratificada por sendos informes psicológicos externos con los que sus padres han reclamado ante Educación por el "grave perjuicio" que se comete contra su hija.
Desde que cumplió los seis años la niña entró en este colegio que cuenta con dos aulas de Educación Especial e integra a los alumnos discapacitados con el resto de los escolares. Ahora, recién cumplidos los 16 años, y a pesar de que la Ley de Educación sostiene que la escolarización de estos alumnos podrá extenderse hasta los 21 años en los centros ordinarios siempre que sus necesidades puedan ser atendidas, un informe de la psicóloga del colegio y al que se acoge el director territorial de Educación, le ha dejado fuera y la desplaza al centro de Educación Especial Lo Morant, pese a que la propia directora de este otro centro ha hecho saber a sus padres que allí no podrá consolidar lo aprendido porque está dirigido a alumnos con problemas más profundos.
La denuncia formulada contra Educación advierte de prácticas "arbitrarias" tanto por parte del colegio como de la propia conselleria porque no se ha dado a conocer a los padres el informe por el que se echa a su hija, aun siendo menor, y porque otros compañeros de Alejandra en similares circunstancias han seguido en el mismo colegio concertado con 17 y hasta con 18 años. "Solicitamos que pueda repetir curso porque ha sufrido numerosas operaciones por malformaciones que han contribuido a su retraso los primeros años de escolarización. Ahora ya estaba perfectamente integrada en el colegio y no sabemos por qué la echan, con total indefensión". Santiago García se lamenta de que cualquier otro alumno de segundo de la ESO que sufriera siete operaciones en una pierna tendría derecho a repetir curso. Denuncia la discriminación de que está siendo objeto su hija y prepara una querella por prevaricación contra el director territorial porque la suspensión cautelar de la decisión de echarla se ha hecho efectiva ante el silencio administrativo y debía haberse ordenado al centro que readmitiera a Alejandra.
El coordinador local de Esquerra Unida hace también suya la denuncia de estos padres y elevará una pregunta parlamentaria para pedir explicaciones sobre este caso al conseller de Educación, como señala José Antonio Fernández Cabello.