García Antón niega que la nueva depuradora genere olores en San Gabriel

A. FERNÁNDEZ o va a haber olores de ningún tipo". Así de contundente se mostró ayer el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, al ser cuestionado sobre la calidad de la nueva depuradora de l'Alacantí Sur que se construirá en Fontcalent. García Antón quiso zanjar así la polémica que se ha levantado en los últimos días tras hacerse público el estudio ambiental de la planta. El documento revela que la infraestructura pone al barranco de las Ovejas en riesgo de contaminación, advierte de que habrá vertidos que generarán "olores" y "rechazo social"; y admite que se "pueden producir problemas de contaminación de las aguas por vertido sobre los barrancos o ramblas en situaciones puntuales de avenidas".
García Antón rebatió ayer los datos del informe y aseguró que "todo ha sido un malentendido". El titular autonómico de Medio Ambiente además emplazó a los vecinos de San Gabriel a mantener una reunión conjunta para explicarles "los beneficios" que acarreará la nueva depuradora. La planta dará servicio al Pau 1, Rabasa y San Vicente del Raspeig, y permitirá "aliviar" las instalaciones de Rincón de León.
El conseller también aprovechó su réplica para anunciar la remodelación del emisario submarino de la playa de San Gabriel, muy criticado por los vecinos en los últimos años debido a su mal estado y a su escasa longitud. "Queremos presentarle a los vecinos el proyecto", dijo García Antón, al tiempo que recordó los beneficios que ha conllevado una actuación similar en la Albufereta. "Allí la calidad del agua ha mejorado de forma notable", recordó.

Tajo-Segura
García Antón habló sobre el frente Cospedal-Barreda para poner fecha de caducidad al Tajo-Segura, aunque afirmó que el proyecto del Estatuto de Castilla-La Mancha, que recoge el fin del trasvase en 2015, es "inconstitucional y, por tanto, no va a poder salir adelante". También cargó contra IU y Los Verdes, a los que acusó de "utilizar" a la Comisión Europea "para defender intereses de partido en contra de los intereses generales". Se refirió así a la investigación de la CE sobre 250 urbanizaciones españolas que no disponen de recursos hídricos suficientes.