La UE investiga los planes urbanísticos que carecen de permiso de las confederaciones

F. J. B. El comisario de Medio Ambiente de la UE, Stavros Dimas, reclamó ayer al Gobierno central que le remita la información que justifique la aprobación de 46 proyectos urbanísticos en la provincia de Alicante (PAI) durante cuya tramitación recibieron el informe negativo de la confederaciones hidrográfica del Segura y el Júcar (Ministerio de Medio Ambiente) sobre la disponibilidad de recursos hídricos, un requisito contemplado por las leyes urbanísticas pero que no tiene carácter vinculante. Los proyectos urbanísticos se localizan en la Vega Baja (16) Pinoso, Benissa, Orba, Alicante (el polémico PAI de Rabasa), Finestrat, Xixona, Novelda, Aigües, Pego, Novelda, Calpe, Lorcha, Elda, El Campello y Villena y se aprobaron entre los años 2006 y 2007, según la documentación hecha pública por el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, quien denunció las aprobaciones ante la CE en enero.
Un portavoz autorizado de la Conselleria de Urbanismo aseguró ayer que todos los planes denunciados tienen garantizado el suministro de agua "a cargo de la empresa suministradora tal como establece la Ley Urbanística Valenciana y, por lo tanto, no necesitan el informe de las confederaciones". La reclamación de la UE afecta, por otro lado, a un total de 266 urbanizaciones proyectadas o en fase de construcción -129 en la Comunidad Valenciana- que, supuestamente, no disponen del suministro hídrico asegurado y se localizan en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia.
Dimas exige al Gobierno la lista de las urbanizaciones que, a pesar de contar con una opinión negativa de la confederación hidrográfica respectiva en cuanto de la disponibilidad de recursos hídricos, hayan recibido una aprobación definitiva por parte de la autoridad competente, con la demanda anual estimada de agua de cada una de ellas y otra lista con los PAI han recibido una opinión negativa de la confederación hidrográfica cuyos planes no cuentan todavía con una aprobación definitiva de la autoridad competente, con la demanda anual estimada de agua de cada una de ellas. Una vez reciba esos datos, la Comisión "analizará el caso y estudiará si hace falta tomar medidas, porque la creación de necesidades adicionales que no se pueden cubrir con los recursos existentes -en regiones que ya están experimentando una falta de agua significativa- puede poner en peligro el principal objetivo de la Directiva Marco de Agua.
CONSIDERACIONES
n El artículo 25 de la Ley de Aguas de 2001 establece que el informe de las confederaciones hidrográficas en los programas urbanísticos es necesario, aunque su sentido no es vinculante.
n La ley autonómica de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje dice en su artículo 19 que es necesario el informe de la Confederación o de la entidad suministradora de agua para la aprobación de un PAI.
n La Ley Estatal del Suelo de 2007 introduce la novedad de que el informe de la confederación es determinante, porque la palabra vinculante podría invadir competencias autonómicas.
n Tras la modificación de la LUV introdujo la novedad de que hay que remitirse a la legislación estatal.