Educación apercibe a dos profesores de las primeras sanciones por EpC

DIEGO COELLO La maquinaria administrativa de la Conselleria de Educación ha comenzado a rodar en contra de los profesores del IES Altaia, de Altea, que se niegan a impartir las clases de EpC en inglés. Ayer mismo, tras el primer plante de padres y alumnos negándose a asistir a clase, dos inspectores estuvieron de nuevo en el instituto para informar a los docentes "rebeldes" de que existe "apercibimiento sancionador" por su negativa a dar la polémica asignatura en la lengua de Shakespeare.
Los funcionarios educativos Rogelio Buil y Adolfo Guerra -el primero ya visitó el lunes pasado el instituto como publicó este diario- llegaron al filo de las 12 horas y permanecieron en el centro hasta las 14.45 horas. Se entrevistaron a puerta cerrada en el despacho de la directora de manera individual y sin testigos presenciales con ésta y los profesores de Filosofía y de Inglés, Rafael Martí y Cristina Manrique, respectivamente. Mientras, en la sala de profesores, los demás docentes permanecían pendientes de lo que ocurría a medida que salían sus compañeros acusados de "rebeldía" por la conselleria. Los inspectores se negaron a realizar declaraciones al periódico, emplazando a que "se lo pregunte al director territorial. Somos funcionarios y técnicos de Educación". Tanto Buil como Guerra se cerraron en banda y se negaron a hacer declaraciones cuando salieron del instituto, limitándose a amenazar con presentar "una denuncia judicial si salimos fotografiados en el periódico".
El profesor de Filosofía, Rafael Martí, explicó tras el interrogatorio que estuvo solo con los dos inspectores cuarenta minutos: "Les he dicho que me niego a impartir la clase de EpC en inglés y que lo hago en valenciano. Han levantado acta de mi actuación y me han apercibido de posibles sanciones por mi negativa a cumplir la ley". Martí añadió que "esta vez han venido dos inspectores para acobardarnos, pero yo me mantengo en mis convicciones y mi postura contraria a lo que pide conselleria, razón por la que me han dicho que se puede abrir un expediente que supondrá la pérdida de empleo y sueldo durante el tiempo que consideren, un mes, dos o todo el curso. A pesar de ello mantengo mi postura, pues contamos con el apoyo de los padres y del claustro. Estoy convencido de que actúo bien. De hacer lo contrario no podría dormir porque aceptar esa imposición perjudica a los alumnos".
La profesora de Inglés, Cristina Manrique, indicó que los dos inspectores "ejercen una presión y una tortura muy sutiles para que desistamos en nuestra negativa a dar EpC en inglés". Afirmó sentirse "presionada por estos dos inspectores, que están haciendo los papeles de poli bueno y poli malo" y se reafirmó en su postura contraria a lo que le pedían "a pesar de que sé que habrá consecuencias graves contra mí".
La representante del STEPV Lola Gallach quiso acceder para "apoyar de manera directa al profesorado y darles asesoramiento jurídico" pero tampoco se lo permitió la inspección. El sindicato insta a todos los institutos a denunciar esta "caza de brujas sin precedentes" y a solidarizarse.