D. PAMIES
El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró ayer que "hay instrucciones dadas a los parlamentarios nacionales del Partido Popular de Valencia y Murcia para que, llegado el caso, votaran en contra de cualquier decisión" que perjudicara los intereses de ambas comunidades autónomas, en referencia a la reforma estatutaria de Castilla-La Mancha que establece la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015.
Estas declaraciones las hizo ayer en Torrevieja el presidente murciano y fueron matizadas por Francisco Camps, presidente de la Generalitat, en su tradicional "cumbre" de inicio de curso político. Valcárcel exigió en el mismo tono "a las formaciones políticas, incluida la del PP, -porque no somos políticos felpudo-, a nuestra dirección nacional, que supriman todo lo que represente en el estatuto (autonomía) de Castilla-La Mancha ataques al trasvase" Tajo-Segura. Eso, advirtió Valcárcel, "es lo que les hemos dicho a nuestros parlamentarios"
El presidente murciano justificó esta alusión en el hecho de que el PP mantiene una postura sobre la política hídrica unitaria pero, aseguró, la secretaria general de su formación, Maria Dolores de Cospedal, "juega a una cierta ambigüedad", al respaldar el documento de este estatuto manchego.
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que cerró abruptamente el turno de preguntas en la rueda de prensa tras la intervención de Valcárcel, fue más conciliador y dijo que no se estaba en ningún caso apelando a la rebelión de los parlamentarios del PP, además de achacar este debate al gobierno autonómico socialista manchego y al central.
Además, los presidentes exigieron al Gobierno que derogue la disposición transitoria primera de la ley que puso fin al Plan Hidrológico, ya que en ella también se contempla esta caducidad, al margen de lo que suceda con el estatuto manchego.
Por otra parte, los presidentes, respaldados por numerosos alcaldes de Murcia y Alicante, tales como el anfitrión de la reunión, Pedro Ángel Hernández Mateo (Torrevieja) o Mónica Lorente (Orihuela), anunciaron que presentarán un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno de retirar los anticipos para Sanidad en referencia al anuncio del Ministro de Economía, Pedro Solbes, de suprimir los 350 millones de euros en el caso de la Comunidad Valenciana.