L. BALLESTER BENEYTO
El secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez Barcáiztegui admitió ayer que el presupuesto en carreteras de la conselleria apenas da para cubrir la mitad de las inversiones previstas en autovías en el PIE (Plan de Infraestructuras Estratégicas 2004-2010). "La previsión era invertir 3.500 millones de euros en carreteras en los siete años de vigencia del PIR. Pero la Generalitat tiene unos presupuestos ordinarios de relativa limitación: 200 millones de euros anuales se destinan a carreteras. Con este presupuesto no se llega ni a la mitad de lo que se pretendía invertir", aseguró el alto cargo del Consell en su ponencia sobre El contrato de concesión de obras públicas. Nuevas concesiones en la Comunitat Valenciana.
La Conselleria de Infraestructuras ya admitía en el capítulo de financiación del PIE que entre 1999 y 2003 se mantuvo un nivel de inversión de 195 millones de euros anuales (cantidad que incluía el gasto con con cargo a los presupuestos corrientes anuales como el sistema de pago aplazado). Y ya anunciaba que "un objetivo fundamental es movilizar la aportación financiera del sector privado". Y así lo ha hecho la conselleria que ha recurrido a las obras de concesión y de peaje en sombra en la CV-35 (adjudica el proyecto, construcción y explotación de la carretera a una concesionaria que adelanta el dinero a cambio de cobrar un canon durante alrededor de 30 años).
También se ha optado por "cargar las zonas de mayor uso de la red viaria a los desarrollos urbanos que se producen (polígonos industriales o residenciales)". Para Sánchez-Barcáiztegui, es preferible el "contrato de obras de concesión porque permite adelantar las obras antes de disponer el dinero. Se dispone de la infraestructura antes de pagarla", aunque admitió como inconveniente que "es como comprar un piso a plazos. Acaba uno con una hipoteca que le cuesta más caro".
El secretario mostró sus dudas de quién decide en estas concesiones: "si la concesionaria, la constructora o el banco que presta el dinero". De hecho, lamentó que algunas clausulas de mejoras son "fáciles de poner en el pliego de condiciones pero difíciles de llevar a la práctica" porque, volvió a preguntarse, "¿quién manda, la constructora, la concesionaria o quien pone el dinero? La práctica nos dirá que es lo que ocurre y los tribunales irán dando la razón" a quien la tenga.