VICTORIA BUENO
La visita, ayer, de la inspección educativa al Instituto Altaia de Altea para reconvenir al profesorado como "el único de la provincia" -como se les echó en cara- que mantiene su decisión de no impartir Educación para la Ciudadanía (EpC) en inglés, se saldó con un temor generalizado a la apertura de expedientes entre los que dan la materia. Algunos de los afectados directamente explicaron que la actitud del inspector "aislándonos del resto de los compañeros para llamarnos a capítulo ha sido muy desagradable". La presidenta de la AMPA se pronunció abiertamente a favor de la decisión del Claustro porque ve "antipedagógica" la orden que obliga a dar EpC en inglés y anunció medidas de protesta contra esta "imposición". Por su parte el STEPV se autoinculpó ante Educación para que las posibles sanciones recaigan sobre el sindicato; CC OO formalizó su demanda contra la orden y una decena de institutos volvió a exponer su malestar. Mientras, las comunidades del PP urgen al Supremo una sentencia que "unifique doctrina" a favor de la objeción y el Ministerio replica culpándoles de presionar a la Justicia como a los docentes y familias.