La insolvencia de las empresas eleva un 25% las indemnizaciones estatales

A. TERUEL La insolvencia de las empresas a causa de la situación de crisis económica ha elevado las indemnizaciones por parte del Estado casi un 25 por ciento en lo que va del año. Según los últimos datos publicados por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), entre enero y julio el Gobierno ha tenido que hacer frente al pago en la provincia de Alicante de más de 21 millones de euros en sueldos y subsidios, adeudados a los trabajadores por mercantiles que no los podían afrontar. A estas alturas de 2007, la cantidad abonada por el Gobierno por estos conceptos ascendía a apenas 16,87 millones.
Estas cifras no son más que una correspondencia de la tendencia que se viene observando a lo largo del último año, con un número de empresas afectadas por la crisis cada vez mayor, pertenecientes además a todos los sectores económicos. Así, mientras que entre enero y julio de 2007 las mercantiles afectadas por algún expediente del Fogasa en la provincia fueron 843, mientras que en el mismo periodo de este ejercicio se alcanzan 967. De la misma forma, el número de trabajadores damnificados se ha incrementado de manera muy ostensible, tal y como se ha venido constatando a medida que iban apareciendo datos nuevos. En concreto, hasta la citada fecha de julio de 2008 se contabilizan 3.708 personas afectadas, frente a las 2.817 del año anterior.
Para el portavoz de CC OO en l'Alacantí-les Marines, Salvador Roig, las elevadas cantidades abonadas por el Fogasa son "un dato más para visualizar la situación de crisis de la provincia". Un contexto al que en los últimos meses se ha añadido el sector comercial, arrastrado por el freno en la actividad de la construcción y ante las pocas alternativas que ofrece la industria. Asimismo, el dirigente sindical apunta a otro factor que ha podido abocar a más empresas a la insolvencia, como la "presión de la banca", dado que, en las condiciones actuales, es más previsible que les resulte difícil afrontar sus pagos con las entidades financieras.
Ante estas perspectivas, Roig considera urgente "que la Administración empiece a dar ayudas", sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, "que son las que más recurren al Fogasa". En este sentido, apela a una pronta puesta en marcha de las medidas previstas en el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (Pavace). No obstante, recalca que "se debe proteger e impulsar la empresa tradicional", con acciones como "invertir para que pueda competir en tecnología".
Al mismo tiempo, hace hincapié en la necesidad de "extremar los controles para que no se produzcan situaciones de fraude" en el recurso al Fogasa para afrontar indemnizaciones. Desde CC OO se incide en que "se debe investigar" que no se den casos como que "una empresa se declara en quiebra para no pagar y después se da de alta con otro nombre", entre otros supuestos.