RAMÓN FERRANDO
La Fiscalía General del Estado planea recurrir ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo la retirada de la multa de 305 euros que la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial impuso el año pasado a la magistrada de Dénia Laura Alabau por criticar al Gobierno y al teniente fiscal de Alicante al sentirse "perseguida" por negarse a celebrar bodas entre homosexuales. La magistrada denunció que estaba soportando "una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno" y acusó al teniente fiscal de Alicante, Juan Carlos López Coig, de atacarla por motivos ideológicos al convertirse "vergonzoso apéndice de ese mismo Gobierno".
El Consejo General del Poder Judicial saliente, de mayoría conservadora, aprovechó su último pleno para retirar la sanción a Laura Alabau. Fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron ayer que "planean" recurrir la decisión del Poder Judicial, aunque están al espera "de recibir los fundamentos jurídicos que justifican la retirada de la sanción". Cándido Conde -Pumpido tomó ayer la decisión de recurrir desde Guatemala.
Por su parte, el portavoz saliente del Poder Judicial, Enrique López, defendió la decisión del órgano de gobierno de los jueces de retirar la sanción porque el ánimo de la magistrada "no era tanto criticar al fiscal o al gobierno, sino defender su postura".
Así, López -que pertenece a la mayoría conservadora- afirmó, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, que la decisión de la juez de Dénia de remitir un escrito al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia criticando al Gobierno y al teniente fiscal de Alicante "se puede cuestionar desde el punto de vista de la oportunidad pero no desde el punto de vista de la legalidad", ya que entiende que su ánimo fue defenderse con frases "absolutamente cuestionables y, desde luego, desafortunadas".
En ese sentido, el portavoz del Poder Judicial aclaró que la juez remitió este escrito para defenderse "tras unas duras críticas respecto a su persona por parte de la Fiscalía provincial de Alicante y de medios diciendo que se negaba a casar a los gays y que retardaba los procedimientos de forma voluntaria", lo que, según López, no fue exactamente así.
Un caso complejo
Para el portavoz del Poder Judicial, el hecho de que la decisión, tomada el miércoles en el último pleno celebrado por este órgano, de levantar la sanción a la juez se aprobase por mayoría simple refleja la dificultad del caso. López aseguró que "había que tomar una decisión porque dejarlo para el siguiente Consejo podía ser inteligente pero no responsable y hacerlo al margen de la previsible crítica social".
El fiscal atacado por la magistrada lamentó las declaraciones del portavoz del Consejo e ironizó con que "lo que se merece es un premio" por los servicios prestados.