La UE insta a España a que corrija la política urbanística de la Generalitat

NAYRA AGUADO. BRUSELAS La Comisión Europea continúa adelante con su procedimiento de infracción contra España al considerar que las empresas valencianas de capital público IVVSA (Instituto Valenciano de Vivienda, S.A.) y AUMSA (Actuaciones Urbanas de Valencia, S.A) han infringido la legislación comunitaria en materia de coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, así como el principio de igualdad de trato también estipulado en los artículos 43 y 49 del Tratado de la UE.
En concreto, el Ejecutivo comunitario alega que IVVSA y AUMSA crearon sociedades mixtas a las que asignaron "tareas de ordenación urbanística", por tanto "contratos públicos", sin respetar las "disposiciones de las directivas sobre contratación pública, en particular en materia de publicidad, ni el principio de igualdad de trato", motivo por el cual Bruselas decidió ayer enviar un dictamen motivado, segundo de los tres pasos del procedimiento de infracción, contra España -la CE se dirige directamente a los Estados miembros y no a las autoridades regionales-.
"Ahora esperamos la respuesta" de Madrid antes de que concluya el plazo estipulado de dos meses, tras lo cual se abrirá el proceso para el examen de la información recibida por parte de los servicios comunitarios. Un proceso que puede ser "rápido o lento" dependiendo de la complejidad y el volumen de la misma, explicaron fuentes de la CE. En cualquier caso, si la respuesta es insatisfactoria, el Ejecutivo comunitario puede recurrir el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo, según explicaron ayer fuentes de la Comisión Europea.