l Consejo General del Poder Judicial saliente, de mayoría conservadora, aprovechó ayer su último pleno para anular la multa de 305 euros que la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces impuso el año pasado a la magistrada de Dénia Laura Alabau por criticar al Gobierno y a la Fiscalía de Alicante al sentirse «perseguida» tras negarse a celebrar bodas entre homosexuales. La magistrada denunció por escrito que estaba soportando «una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno» y acusó al teniente fiscal de Alicante, Juan Carlos López Coig, de atacarla por motivos políticos al convertirse «vergonzosamente en un apéndice de ese mismo Gobierno».
La juez fue sancionada en mayo de 2007 por una falta grave. Alabau recurrió la sanción. Aunque hace dos semanas se anunció públicamente que el Consejo había rechazado el recurso de la juez (los colectivos gays llegaron a mostrar su alegría por la sanción), parte de la Fiscalía estaba convencida de que la mayoría conservadora del Poder Judicial haría valer su peso para «amnistiar» a la magistrada en su último pleno.
Los votos de los nueve vocales integrados en la mayoría conservadora frente a los ocho de los progresistas y del vocal independiente, Agustín Azparren, avalaron ayer los argumentos del recurso presentado por la juez al considerar que sus críticas están amparadas por la libertad de expresión. Los vocales que conforman la minoría progresista del Poder Judicial anunciaron que iban a presentar un voto particular en contra al entender que la decisión adoptada por la mayoría del pleno contradice la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los límites en la libertad de expresión de los jueces.
El enfrentamiento entre Alabau y el teniente fiscal de Alicante se produjo cuando la magistrada se negaba a casar a homosexuales extranjeros alegando que en sus países de origen los matrimonios gays no estaban reconocidos.
Por su parte, tanto la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y la Confederación Española COLEGAS que denunciaron ayer que el Consejo «antepone sus prejuicios a la ley y el amiguismo a la justicia» al aceptar el recurso que levanta esta sanción. Según expresaron, «el perdón» a la jueza Alabau «muestra claramente cómo la homofobia y los criterios moralistas y prejuiciosos se anteponen a la jurisprudencia». En esta misma línea, desde el colectivo Lambda calificaron de «indignante» los hechos al considerar que la actuación de Alabau «ha vulnerado derechos básicos de lesbianas y gays».
Pedro Zerolo, del PSOE, subrayó que esta «vergonzosa» determinación «hace un flaco favor al sistema judicial».