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F. J. BENITO La crisis económica que sacude España y especialmente al sector inmobiliario de la provincia de Alicante se ha agravado en las últimas semanas por la devolución a los promotores de decenas de viviendas cuya venta estaba apalabrada con la correspondiente firma del precontrato y la entrega de un señal económica. Las dificultades para suscribir el préstamo hipotecario y, sobre todo, los problemas para vender el piso con el que completar la financiación de la nueva vivienda provocan que muchos compradores se estén echando atrás, incluso después de haber entregado cantidades a cuenta en una horquilla de entre seis mil y doce mil euros. Los promotores se encuentran, por este motivo, con un nuevo problema: el stock de viviendas nuevas sin vender -cincuenta mil casas- crece aún más con la incorporación de los pisos apalabrados cuyos compradores deciden aplazar la inversión.
Fuentes de la patronal de la construcción y de las entidades de crédito de la provincia apuntaron ayer que "el goteo de compradores de clase media que se echa para atrás es diario porque mucha gente se encuentra con que no puede afrontar dos créditos ya que no halla comprador para la vivienda que quiere cambiar. Prefieren perder una parte de la inversión a no tener que enfrentarse a dos créditos al mismo tiempo".
Promotores dejando caducar la licencia, empresas que fueron auténticos gigantes durante el "boom" de la edificación que han prescindido hasta de un 60% del personal en seis meses, constructores que se han ido al Caribe o Centroeuropa, miles de viviendas sin comprador y, ahora, los pocos pisos que se habían apalabrado vuelven al promotor que ve cortada de golpe la vía para hacer caja. Este es el nuevo escenario en el que que se encuentra el sector tras un verano donde la situación se ha ido agravando un poco más y llevado a la práctica paralización del ladrillo por la falta de compradores.
Ramón Jerez, presidente de la Federación de la Construcción (Fecia) apuntó ayer, en este sentido, que "el gran problema de este país es su crisis financiera y esto se debe arreglar sentándose Gobierno, cajas y bancos para buscar soluciones. En otros países como Alemania ya se ha hecho y no pasa nada". Jerez propuso recuperar una fórmula que funcionó en los años 90, también marcados por una crisis inmobiliaria. "La compra de una VPO debe tener exenciones fiscales durante 15 años".
Por otro lado, tanto Fecia como Provia recelan del plan anunciado la semana pasada por el presidente Zapatero para paliar la situación del ladrillo, inyectando 3.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial para refinanciar las deuda de las promotoras a cambio de que están destinen parte de stock al alquiler. En este sentido, Jesualdo Ros, secretario general de Provia apuntó que "la medida puede beneficiar tan sólo a unas 2.000 casas en la provincia. No está mal a nivel social pero para el sector no es una solución a corto plazo". La patronal tiene también mucha dudas sobre cómo se repartirá el dinero. "El Gobierno debe explicarlo mejor", subrayó Jerez desde Fecia. "Lo que no podemos estar todos los días es entre acusaciones políticas de unos y otros", aseveró el presidente de la Federación de la Construcción.
ESTRATEGIA
Provia organiza un curso para aprender a vender
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante -Provia- ha organizado junto a Structuralia -escuela líder nacional en la formación especializada en la construcción- un curso intensivo para mejorar las técnicas de venta en el sector inmobiliario. El curso es de 30 horas, catorce "on-line" y dieciséis en el aula de Provia. El curso comienza el 29 de octubre y el objetivo fundamental, en un momento en el que no se vende nada, es potenciar las habilidades y cambiar actitudes personales en el trato con el cliente "para aumentar la capacidad de influir y de vender más y mejor, dando más atención a las necesidades e intereses de los clientes y buscando dejar auténtica huella en la relación con ellos", según reza en el boletín de inscripción que Provia ha distribuido entre sus asociados.
VPO
Por otra parte, el conseller de Vivienda, José Ramón García Antón, firmó ayer nuevos convenios con otros 41 ayuntamientos, esta vez de de la provincia de Valencia, para favorecer la construcción de 32.300 viviendas protegidas (VPP), que es la cifra que el Plan Estratégico de Vivienda estima necesarias para los próximos cuatro años en Valencia. En Alicante el plan ha tenido una gran acogida entre los ayuntamientos.
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