F. J. B.
El presidente de los constructores, Ramón Jerez, denunció ayer, por otro lado, que la sequía que padecen las arcas municipales por la falta de ingresos derivada de la paralización de la actividad inmobiliaria -solicitud de licencias de obra- ha provocado un aumento de la presión impositiva sobre el sector. Así, Jerez reveló que en las últimas semanas los ayuntamientos de la provincia han generalizado la revisión con carácter retroactivo -la ley permite cuatro años- del Impuesto de Instalación y Obras, lo que supone en la práctica una nueva vuelta tuerca a la delicada situación económica del sector. El impuesto de Instalaciones y Obras es la tasa municipal que paga el promotor cuando finaliza un edificio y entrega las llaves. Normalmente este pago es último que se hace al ayuntamiento y hasta ahora éste se daba por satisfecho y no volvía reclamar nuevas cantidades económicas. A partir de la falta de ingresos la situación ha cambiado y "amparados por la ley los ayuntamientos están revisando las liquidaciones y exigiendo nuevos pagos, algo que no es de recibo y vamos a denunciar públicamente", subrayó Ramón Jerez.
Por otra parte, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró ayer que el Gobierno "no ha paralizado" el pago de la Renta Básica de Emancipación, aunque reconoció que el cobro de las ayudas de 210 euros al mes se ha visto retrasado unos días por el mayor control del fraude llevado a cabo por el Ejecutivo. Corredor aseguró aunque la tramitación pueda "retrasarse" los jóvenes cobrarán con carácter retroactivo las cantidades. Preguntada por la recolocación prevista por el Ejecutivo para los parados del sector de la construcción, Corredor abogó por una posible reorientación de su actividad hacia la rehabilitación de edificios y cascos antiguos, tras recordar que este negocio supone en España solo el 30% de las actividades de construcción, frente al 60% de otros países.