ISABEL VICENTE
La Subdelegación del Gobierno en Alicante intentará impedir que el transfuguismo salga rentable. A partir de ahora, y tras la resolución que ha interpuesto al Ayuntamiento de Dénia, vigilará todos los casos en los que un tránsfuga obtenga más cargos y más dinero que los que tenía en su grupo de origen en un intento de acabar con una práctica que no por ser fuertemente censurada en la teoría, deja de fomentarse por todos los partidos políticos cuando el control de un ayuntamiento o incluso una alcaldía depende de convencer a un díscolo para que cambie de bando.
Fuentes de la Subdelegación han señalado que la responsable, Encarna Llinares, está dispuesta a actuar "de oficio" cada vez que tenga constancia de los casos que a partir de ahora se den en la provincia, "beneficien al partido que beneficien". Para ello, y en base a la ley en la que se apoya la Subdelegación, ha de darse la circunstancia de que el tránsfuga pase a cobrar más o tenga más competencias que las que disfrutaba en su grupo de procedencia, tal como ha ocurrido en el caso de Dénia donde el ex edil socialista Carlos Collado, tras apoyar la moción de censura que ha dado la alcaldía a la popular Ana Kringe, ha pasado de ganar 14.400 euros anuales a percibir 44.671, tras ser designado miembro de la Junta de Gobierno, teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, cargos que no tenía antes de abandonar el grupo socialista. "Pretendemos que la ley se cumpla siempre que tengamos constancia de que se dan estos casos", han señalado las mismas fuentes, añadiendo que, en caso de que los ayuntamientos no retiren los beneficios otorgados a los tránsfugas se recurrirá a los servicios jurídicos del Estado para que interpongan un contencioso administrativo en los juzgados. Esto parece que va a ocurrir en Dénia, donde ayer la alcaldesa anunció que no acataría el requerimiento de la Subdelegación y defendió la legalidad de los nombramientos de Collado.
Encarna Llinares, sin embargo, insiste en que esta práctica es contraria al artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local que sufrió una modificación el 16 de diciembre de 2003 por la Ley 57 que considera que "los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos (a algún grupo de la corporación local) no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia".
Este artículo además ha sido recogido en el pacto antitransfuguismo firmado a nivel nacional por los partidos políticos, lo que no ha impedido que se sigan dando casos de gobierno locales que cambien de mano merced a la votación de un tránsfuga que de la noche a la mañana haya logrado hacerse con más sueldo y más poder en el ayuntamiento de turno. De hecho, el pacto antitransfuguismo se apoya igualmente en este modificado del artículo para ratificar su compromiso de evitar las llamadas "plusvalías del disidente" lo que quedará muy bien sobre el papel pero no parece que haya provocado los efectos esperados.
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