La juez considera probado que la planta de biodiésel era una actividad peligrosa

CLARA R. FORNER / REDACCIÓN La juez responsable del caso del biodiésel considera que la planta que se pretendía instalar en el Puerto no pudo obtener licencia por silencio administrativo porque se trataba de una actividad peligrosa. La sentencia dictada por la magistrada Ángeles Sáez Zambrana desestima el recurso que interpuso Biodiésel Alicante contra los dos decretos municipales de denegación de licencia indicando que no se justificó la necesidad de exceder la altura máxima de 12 metros permitida en el Plan Especial del Puerto de Alicante; que la empresa carecía de permiso de la Administración central para distribuir el biodiésel; y que no hubo silencio administrativo.
La juez explica que, en la descripción del proyecto que figura en el expediente, se indica textualmente: "Como consecuencia de las operaciones de la planta se prevé producir una cantidad de residuos peligrosos inferiores a 10 toneladas anuales, lo que requiere el pago de una tasa y la inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad Valenciana". En consecuencia, la magistrada señala que esa petición de autorización por silencio administrativo se ha de analizar "no en el ámbito de una actividad común, sino desde el punto de vista del derecho medio ambiental en relación con una actividad calificada". Por tanto, apunta que en este caso el sentido tiene "el sentido negativo".
El fallo recoge que, cuando se intentó notificar el acuerdo de suspensión a Biodiésel Alicante, un empleado de Masatusa recibió el escrito pero la empresa lo devolvió al día siguiente "por no tener vinculación su empresa con Biodiésel" y señalando que el trabajador había "recibido y abierto la correspondencia por error involuntario". Sin embargo, la juez ve probada la relación entre Masatusa y SuBús Auplasa. Como esta última forma parte de Biodiésel Alicante, pues su anagrama figura en el proyecto, la sentencia establece que la denegación de licencia se entregó dentro del plazo requerido.

Reacción municipal
El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, expresó ayer su satisfacción de que la juez haya dado la razón al Ayuntamiento y, por tanto, no haya que indemnizar a la empresa. También el portavoz socialista Roque Moreno opinó que "la sentencia da la razón a los alicantinos y avala nuestra postura, ya que no es una instalación idónea para nuestro Puerto, al tratarse de una planta química que quedaría instalada en el centro de la ciudad".
Además, "si la Gerencia de Urbanismo ha denegado esta licencia por sobrepasar la altura máxima permitida en el Puerto le pido al señor alcalde que sea coherente, actúe en consecuencia y de la misma manera deniegue las licencias para los futuros silos de cemento", argumentó Moreno.
Sin embargo, Díaz Alperi consideró que "una cosa es la planta de biodiésel y otra son los silos" . El regidor insistió en que estos últimos "no producen ninguna contaminación" y, por tanto, si cumplen con la legalidad, "tendrán licencia de este ayuntamiento, evidentemente".

Graneles
En cambio, indicó que "lo que más perjudica a los vecinos" del entorno del Puerto es "la descarga de los graneles a cielo abierto". El alcalde aseguró: "No pararé hasta que no se solucione la polución" que genera esta última actividad.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Sergio Campos, prefirió guardar silencio sobre este tema.
Mientras, el portavoz de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón, reclamó que el Ayuntamiento anule las licencias que ha concedido hasta ahora a dos de las cinco empresas que han solicitado instalar silos en el Puerto si los proyectos para estas instalaciones no han sido sometidos a información pública.
REACCIONES
La Plataforma pide una "mesa de diálogo"
El portavoz y vicepresidente de la Plataforma en Defensa del Puerto, Eliseo Fernández, pidió ayer al presidente de la Autoridad Portuaria, Sergio Campos, que "tras este varapalo en toda regla recapacite e impulse una mesa de diálogo que ayude a acabar con ese conflicto histórico entre el Puerto y la ciudad".
Fernández apuntó que la juez les ha dado la razón "a pesar de que Mario Flores -ex presidente de la Autoridad Portuaria y actual conseller de Infraestructuras- y otros nos insultaron diciendo que detrás de esto había intereses inmobiliarios".
El representante de los vecinos insistió en que tanto la planta de biodiésel como los silos de cemento se pueden instalar en otros emplazamientos, como la futura plataforma logística. El portavoz sostuvo que en varios diques del Puerto existen depósitos de combustible sin autorización de Industria, algo que niega la Autoridad Portuaria.