CLARA R. FORNER / REDACCIÓN
El Juzgado de lo Contencio- so-Administrativo número 1 de Alicante ha rechazado el recurso que presentó la empresa Biodiésel Alicante contra la denegación por parte del Ayuntamiento de la licencia para instalar una planta de producción de este combustible en el muelle 19. La mercantil, que ayer no había recibido aún el fallo, que aún puede recurrir, pero tenía constancia del mismo, descarta ya instalarse en el Puerto de Alicante tras el varapalo judicial, que impide asimismo que las arcas municipales tengan que hacer frente a los 4,5 millones de euros que reclamaba la empresa como indemnización por daños y perjuicios.
La Plataforma en Defensa del Puerto (PDP) conoció ayer el auto judicial a través de su abogado, quien les facilitará hoy la sentencia. "La plataforma se felicita por la resolución judicial que avala la tesis de miles de ciudadanos de Alicante, asociaciones y partidos, rechazando la instalación de la planta química en el Puerto", manifestó ayer el portavoz y vicepresidente del citado colectivo. Eliseo Fernández Daza, quien quiso también "agradecer a la ciudadanía el apoyo" que han prestado a la plataforma "en su contundente rechazo" a la citada instalación.
Biodiésel Alicante había presentado inicialmente la mayor reclamación económica de la historia del Ayuntamiento de Alicante, pues solicitaba una indemnización de 143,7 millones de euros por los daños y perjuicios que consideraba que le había ocasionado la denegación de la licencia para instalarse la zona de ampliación del Puerto. No obstante, hace unos meses rebajó drásticamente sus pretensiones y en sus conclusiones reclamaba al Ayuntamiento 4,5 milllones euros. Por su parte, el Consistorio ha solicitado el rechazo del recurso y que se condenara a la empresa a pagar las costas del juicio.
Cumplir la legalidad
Biodiésel Alicante está participada mayoritariamente por el grupo Jiménez Belinchón, que es propietario de otras plantas de biodiésel en España, entre ellas la de Gijón, y también forman parte de la sociedad el grupo SuBús y Anlogar. Fuentes de la mercantil apuntaron ayer que ya han descartado instalarse en Alicante, aunque una vez que conozcan el contenido exacto de la sentencia decidirán si continúan con el procedimiento judicial para reclamar la indemnización, para lo que disponen hasta el próximo 5 de octubre. La Gerencia de Urbanismo denegó la licencia principalmente porque la empresa carecía de permiso para distribuir el biodiésel por carretera y por sobrepasar en su proyecto la altura máxima permitida en el Puerto.
También la Plataforma en Defensa del Puerto se oponía a las pretensiones de la mercantil que, en cambio, sí tenía autorización de la Conselleria de Territorio y del consejo de administración de la Autoridad Portuaria.
Cambio de jueces
El fallo judicial se ha dictado con celeridad a pesar de que la titular del citado juzgado, Francesca Martínez, se trasladó a Elche y de que su sustituta, María Ángeles Sáez Zambrana, ha tenido un breve paso por este tribunal donde se ha nombrado un nuevo titular. Aun así, al parecer le ha dado tiempo para dictar sentencia.
Mientras la plataforma celebraba ayer el sentido de la sentencia, los equipos jurídicos del Ayuntamiento y de Biodiésel Alicante no habían recibido todavía el fallo judicial. Por este motivo, la concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, no quiso ayer pronunciarse pues esperará a conocer el dictamen judicial.
REACCIONES
EU llama a la Autoridad Portuaria a que recapacite
Esquerra Unida considera que la desestimación del recurso presentado por Biodiésel Alicante debería llevar a la Autoridad Portuaria a recapacitar sobre el uso que pretende dar a la zona de ampliación del Puerto. "Desde EU queremos manifestar nuestra satisfacción por una sentencia que supone un importante apoyo a la lucha ciudadana contra las pretensiones de la Autoridad Portuaria de convertir la zona de ampliación portuaria en un polígono industrial", manifestó ayer el portavoz del colectivo local, Miguel Ángel Pavón.
EU felicita a la plataforma "por su tenaz oposición a este proyecto" y recuerda que fue el único grupo político que presentó alegaciones a la planta. También mantiene un recurso contencioso-adminsitrativo ante el Tribunal Superior de Justicia contra la autorización de la Autoridad Portuaria a la planta. "Esperamos que esta sentencia ayude a un replanteamiento de los planes de la Autoridad Portuaria", agrega Pavón. El portavoz pide que "se evite el conflicto existente entre Puerto y ciudad", trasladando las actividades polémica como los silos de cemento a la plataforma logística que la Conselleria de Infraestructuras promueve junto al Pla de la Vallonga.
Precisamente, EU, PSOE y Esquerra Republicana estudian junto con la Plataforma en Defensa del Puerto la posibilidad de llevar a cabo una acción coordinada para presentar nuevos recursos contra las licencias otorgadas para instalar los silos y también contra el depósito de combustible previsto para el muelle 23.
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